PERMÍTANME QUE ME DESAHOGUE

No sé si estoy más enfadado por la aprobación de la Ley Mordaza, por la negativa del gobierno a aplicar la Ley de Memoria Histórica, la estafa, supuesta, de Rato en Bankia, las declaraciones del opusino Fernández, sobre las expulsiones en caliente de inmigrantes, o por la no imputación por parte del fiscal anticorripción de la hija del rey y hermana de rey —que si no queríamos uno, tenemos dos—. Estoy hasta la coronilla, muy enfadado, indignado y asqueado.

Es mi problema. «A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré», cantaba Alaska y Dinarama, allá por 1986 «Quizás la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora». Permítanme que me desahogue, es un favor que les pido, porque me estoy ahogando con tanta miseria, engaños, corrupción y tomadura de pelo.

Ahora sale Rajoy diciendo que la crisis ha terminado. «En muchos aspectos es historia pasada, ya se nota en los salarios». ¡Canalla! Además de mentira es una falta de responsabilidad, desvergüenza y cinismo, faltando el respeto a los millones de personas que sufren por sobrevivir. Algunos datos y señales que dan frío:

Si se incluyera a las personas «desanimadas», que la EPA excluye de su concepto de parado, el desempleo lo sufrirían 7.013.678 personas, según cálculos de Llorenç Pou Garcias). Sube la tasa de pobreza energética, las familias que destinan más del 10% de su renta a la luz y el gas alcanzan el 16,6% y el 9% no puede mantener una temperatura adecuada. El paro registrado afecta a 4.500.000 personas. La deuda pública alcanza el record histórico de 1,020 billones, el 96,8% del PIB. El 27,5% de los niños vive en riesgo de pobreza; 1.789.400 hogares tiene todos sus miembros sin trabajo (El Mundo 23 octubre); la tasa de paro juvenil es del 53,8%; los salarios bajando y los precios en caída libre, rayando la deflación y la depresión económica; los desahucios aumentando y el salario mínimo en 645,30 €.

El 40,6% de los españoles vive en la precariedad, el 24,2% sufre exclusión moderada y el 10% en severa marginalidad; sólo el 34,3% vive sin carestías esenciales, según Cáritas. España el país de la OCDE en el que más ha aumentado la desigualdad y ahora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico insta a atajar la desigualdad para favorecer el crecimiento. Como dice Pareja en El Plural: «Para todos ellos la crisis es, efectivamente, historia; para la mayoría, si no hacemos algo pronto para solucionarlo, será desgraciadamente histórica». Pese a todo, quizás Rajoy diga verdad, al decir que la crisis ha llegado a su fin, aunque yo tengo una visión diferente a la del presidente. Ya lo dije en anteriores entradas: «Es lo que querían. Es su modelo».

Por si fuera todo poco, nueva trama. El Consejo General del Poder Judicial ha convocado a concurso la plaza que ocupa el juez Ruz en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Todo parece premeditado, para que la Gürtel quede en nada, por la financiando ilegal (presuntamente) del Partido Popular (prometo no repetir el «presunta» otra vez, porque sería cansino, además de falso). Según fuentes cercanas al juez, no pedirá la prórroga en marzo; nadie es más consciente que él de los riesgos que se ciernen sobre el caso Gürtel. «Si siempre estaban latentes, ahora más que nunca», dice Ernesto Ekaizer. Podríamos estar ante otro caso de financiación ilegal del PP que quedaría sin juzgarse, como el Naseiro, archivado por el Tribunal Supremo, a causa de irregularidades de instrucción del sumario. (Me adelanto a la puntualización: el caso Filesa, se juzgó y hubo condenas). El PP hace trampas, cuando le van mal las cosas con la justicia, cambia las reglas durante el tiempo de juego y hasta de jueces como Garzón o Silva. Mientras siga Ruz con la causa, debería procesar a todos los implicados y abrir juicio oral, como corresponde.

El PP, en solitario y haciendo uso legal pero no legítimo de su mayoría absoluta y falseando datos sobre disturbios violentos, para justificar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobó la Ley Mordaza, que de hecho significa un recorte en las libertades y «una amenaza para los Derechos Humanos» (Amnistía Internacional). Esta reforma sustituye a la denodada «ley de patada en la puerta», que de por sí ya era un retroceso en las libertades.

Es una reforma innecesaria que restringe las libertades ciudadanas y significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público franquista. La ley que criminaliza las protestas, recorta los derechos fundamentales de expresión y manifestación, convirtiendo a la ciudadanía en criminales, por protestar en favor de los derechos y contra los recortes sociales. Como dice Patricia Hernández el PP «tiene alergia a los derechos civiles», y a todos los derechos y libertades, añado yo. La oposición de izquierdas, tiene que ejercer un boicot parlamentario. No es suficiente manifestar que se derogará cuando se llegue al gobierno; no vale con votar 'no' o abstenerse; hay que ausentarse, para no legitimar, aun mudos, con la sola presencia, la aprobación de leyes injustas. España vuelve a ser una dictadura y Rajoy un dictador. Avanzamos hacia el pasado.

En relación con las Víctimas del franquismo, el PP en el Senado, ha rechazado la moción del PNV, apoyada por el resto de grupos, para reanudar la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, tomar medidas para reconocer a las víctimas del franquismo y colaborar en la recuperación de los desaparecidos. El PP, no solo no quiere investigar la corrupción que le cerca, sino que como buen heredero del franquismo, se niega a reconocer los crímenes que están ocultos en fosas comunes y en cunetas de los caminos. «A todas las víctimas les debemos un compromiso y eso tratamos de buscar con esta moción», decía desde la tribuna el ponente Jokin Bildarratz. A ello contesta el senador Alejandro Muñoz-Alonso «No hemos hecho comisión de la verdad ni falta que nos hace». Es comprensible la actitud del PP: cómo va a tener compromiso con las víctimas del franquismo, si no lo tiene con los enfermos crónicos actuales ni con las personas dependientes ni con los ancianos ni las personas desprotegidas. Más de 100.000 dependientes han muerto sin haber recibido las ayudas. Parece como si estuvieran aplicando su particular «Solución final». Recuerdan a Patricia Flores, ex viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, cuando dijo «¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?»). Lo que digo, exterminio es lo que hacen.

Y con las mismas malas artes, llega el ministro (de la porra) Fernández Díaz, con la caridad opusiana que le caracteriza, dirigiéndose a los críticos con las devoluciones en caliente, propone enviar a los inmigrantes de la valla a casa de quienes los defienden: «Que me den la dirección y les enviamos a esta gente». Palabras de un indeseable. Todavía no ha dimitido, porque no tiene vergüenza, ni él ni el presidente del gobierno que le mantiene. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido a España que dé explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, por la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros. El gobierno que tan sumiso cumple las directrices económicas que le dan desde instancias internacionales —UE o FMI—, da la callada por respuesta, violando los DDHH, incumpliendo entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lo de Rodrigo Rato es para que ya estuviera en la cárcel preventivamente, para evitar su huida y otros males. El informe realizado por los peritos designados por el Banco de España, a petición del juez que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, viene a decir que cuando salió a Bolsa, las cuentas presentadas «no expresaban la imagen fiel» del banco, que pasó en tan solo unos días —tras la dimisión Rato en 2012—, de unos beneficios de 309 millones de euros a reconocer un agujero de casi 3.000 millones. Rato y su equipo falsearon las cuentas, inflando su valor, para facilitar la venta de acciones y eso les debe costar la cárcel.

El Código Penal (art.282 bis) establece que «Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años», pudiendo llegar hasta los seis, si el perjuicio fuera de notoria gravedad (art.308).

Pero el ex director del Fondo Monetario Internacional —que parece no es tan buen gestor—, no es el único culpable. El Banco de España y los directivos de entonces, la CNMV y la auditora Deloitte —que certificó 309 millones de ganancias, en lugar de 3.000 millones de pérdidas—, son cómplices necesarios de la estafa de Bankia. En este caso, el delito de «maquinación para alterar el precio de las cosas» es de libro. Se estudiará como ejemplo en las facultades de derecho.

Y que decir de Cristina Federica de Borbón y Grecia, imputada por ser cómplice de su marido Iñaki Urdangarín, que si los jueces no lo remedian «tu te comes solito el marrón» pactado en famiglia. Cristina ha sido participe a título lucrativo y se benefició de los fondos que evadió su marido, además de cometer un delito fiscal por impago de IRPF, pero ella no sabe nada. El fiscal acusa a Urdangarín de ocho delitos castigados con más de 19 años de cárcel, su señora de rositas. Al ex socio Diego Torres se le imputan siete de estos delitos. El Ministerio Público acusará a la mujer de Torres, de un delito de blanqueo de capitales y exculpará a la Infanta por ser quien es, como muestra de que la justicia no es igual para todos y menos si eres miembro de la familia real; todo un ejemplo de desvergüenza, rayando la prevaricación.

El rey padre y el rey hijo encantados. La Historia tendrá que juzgar a esta familia que según todos los indicios, tiene una fortuna estimada de alrededor 2.300 millones de dólares (unos 1.680 millones de euros), según el New York Times en 2012. El canal NBC, calcula la fortuna de Juan Carlos I en unos 2.000 millones de euros. En 2003 la revista Euro Business situaba al monarca entre los europeos más ricos (en la posición 112) con un patrimonio total de 1.700 millones de euros. «A falta de cifras oficiales, las estimaciones que hacen medios internacionales de prestigio oscilan casi todas en unos rangos similares y situarían al rey como una de las personas más ricas de España». ¿Cómo han conseguido tantísimo dinero? No hay transparencia, sí mucha opacidad y secretismo; datos inviolables como la persona del rey y excesivos privilegios que algún día tendrán que acabarse.

Comencé a escribir estas líneas con enfado, indignación y asco. Con tanto robo, estafa y fraude no es para menos, aunque ahora estoy más desahogado; gracias por permitírmelo. Termino donde dejé la canción de Olvido «Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones», para quién le interese. Mi destino lo elegí yo y en el sigo; por convicción, por dignidad, mientras que el cuerpo aguante.