Una
reciente campaña de un autobús por la ciudad de Madrid ha vuelto a poner “en
circulación” una sencilla tesis muy querida por la jerarquía católica y por los
colectivos católicos más fundamentalistas: pene=chico; vulva=chica. Resulta
inútil utilizar el razonamiento contra la fe así entendida (much@s católic@s lo
entienden de otra manera). De nada sirve intentar explicar que una cosa es el
sexo biológico y otra el género como construcción social.
Para
estas personas un pene implica vestirse de azul, jugar con camiones, ser
agresivo, gustarle las chicas y no llorar, mientras que tener vagina supone
vestirse de rosa, llevar pendientes desde el nacimiento, jugar con muñecas,
gustarle los chicos y necesidad de protección. Esta forzosa socialización
temprana, propia de la sociedad patriarcal, ha sido objeto de estudio de la
sociología, la antropología y la psicología.
Millones
de personas en nuestro país han luchado (y lo siguen haciendo) para romper ese
binomio sexo-género, como una atribución impuesta, y el resultado de esa lucha
se ha traducido en leyes por la igualdad y reconocedoras de los derechos de las
lesbianas, los homosexuales, transexuales y bisexuales (LGTB).
Leyes
contra las que combatió, y aún lo hace, la jerarquía católica, la derecha
confesional y los colectivos fundamentalistas anti-derechos, en un vano intento
de imponer su moral religiosa a toda la sociedad, bajo la idea de que todo lo
que es “pecado”, debe ser ilegal.
Por
eso, la citada campaña nos haría reír si no fuera para llorar, pues al
considerar la homosexualidad una “desviación” a “corregir”, ofrece un aparato
ideológico susceptible de utilizarse contra las personas LGTB de forma agresiva
y violenta, alimentando la homofobia y la discriminación por motivos de
preferencia sexual. Los hechos demuestran que las agresiones al colectivo LGTB
se han incrementado últimamente.
No
cabe ignorar que a pesar de que la jerarquía católica no respalda esta campaña
“en las formas”, comparte plenamente los argumentos homófobos de la misma. Pero
no es éste el aspecto en que deseo centrarme en este artículo.
Lo
verdaderamente llamativo es que la campaña la han lanzado un@s supuest@s padres
y madres (en realidad una asociación ultra católica con un presupuesto superior
a 2 M€) en aras de la libertad y denunciando un supuesto adoctrinamiento en
“ideología de género”.
En
primer lugar, mostrar a l@s menores de edad, paulatinamente y en función de su
grado de desarrollo, la existencia de personas LGTB, así como las leyes que
reconocen sus derechos, no tiene nada que ver con adoctrinar.
Pero
lo que resulta el colmo de la hipocresía es que denuncien supuesto
adoctrinamiento, personas que no dudan en adscribir obligatoriamente, nada más
nacer, a sus hij@s a una religión; que los inscriban en centros católicos
(normalmente financiados por todos los contribuyentes) donde los adoctrinan
mucho antes de que tengan uso de razón, en los que son socializados en una
creencia específica, sin contacto con otras creencias o cosmovisiones (ni
posibilidad de conocerlas). ¿Esta es la libertad que propugnan?
¿Pueden
imaginarse a un recién nacido al que sus padres, por afinidad ideológica,
afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo apuntaran al PP o lo
hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un acto brutal, pero
sobre todo, estúpido.
Pues
estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de conciencia
individual) que el “bautizo en la fe católica”. Y esta situación se produce
ante la aquiescencia de los tres poderes básicos del Estado: el Parlamento, el
Gobierno y la Judicatura.
El
recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del derecho humano de
libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión) reconocido en el
artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y la titularidad
plena de los derechos fundamentales del menor está reconocida, desde 1996, por
el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pero es un
sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho. De ahí la
necesidad de que se establezca una tutela por parte de los padres, mientras ese
proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va construyendo su
madurez física e intelectual.
Ahora
bien, como señala el art. 39 de la CE, la finalidad de la patria potestad es
procurar el desarrollo de la personalidad del menor de cara a favorecer su
autonomía. De manera que si, como declara el propio Tribunal Constitucional (en
su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y especialmente los órganos
judiciales, deben velar porque el ejercicio de la potestad de los padres se
haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy
lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el interés
superior del niño.
¿Dónde
reside el interés del recién nacido por formar parte de, o adscribirse a, una
religión concreta? ¿Cómo puede ser tan brutalmente constreñida la personalidad
de un recién nacido, marcándole de manera indeleble, como reconoce, tan
cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia esta
práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que perpetúa
su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón
y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto a esta práctica deleznable que
vacía de contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad
de conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas
reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.
El
Estado democrático debería asegurar, al menos, que l@s niñ@s reciben una
educación que les ofrece pluralismo, contacto con, y conocimiento de diferentes
alternativas, así como aptitudes para un razonamiento crítico respecto a ellas.
Nada de esto está presente en el mensaje del autobús que se quiere “hacer oír”.
Por eso no nos debe confundir el mensaje: no se trata de libertad sino de
liberticidio.
.
