No
sé si estoy más enfadado por la aprobación de la Ley Mordaza, por la negativa
del gobierno a aplicar la Ley de Memoria Histórica, la estafa, supuesta, de
Rato en Bankia, las declaraciones del opusino Fernández, sobre las expulsiones
en caliente de inmigrantes, o por la no imputación por parte del fiscal
anticorripción de la hija del rey y hermana de rey —que si no queríamos uno,
tenemos dos—. Estoy hasta la coronilla, muy enfadado, indignado y asqueado.
Es
mi problema. «A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo
diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré», cantaba Alaska y Dinarama,
allá por 1986 «Quizás la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado
tarde para cambiar ahora». Permítanme que me desahogue, es un favor que les
pido, porque me estoy ahogando con tanta miseria, engaños, corrupción y
tomadura de pelo.
Ahora
sale Rajoy diciendo que la crisis ha terminado. «En muchos aspectos es historia
pasada, ya se nota en los salarios».
¡Canalla! Además de mentira es una falta de responsabilidad, desvergüenza y
cinismo, faltando el respeto a los millones de personas que sufren por
sobrevivir. Algunos datos y señales que dan frío:
Si
se incluyera a las personas «desanimadas», que la EPA excluye de su concepto de
parado, el desempleo lo sufrirían 7.013.678 personas, según cálculos de Llorenç
Pou Garcias). Sube la tasa de pobreza energética, las familias que destinan más
del 10% de su renta a la luz y el gas alcanzan el 16,6% y el 9% no puede
mantener una temperatura adecuada. El paro registrado afecta a 4.500.000
personas. La deuda pública alcanza el record histórico de 1,020 billones, el
96,8% del PIB. El 27,5% de los niños vive en riesgo de pobreza; 1.789.400
hogares tiene todos sus miembros sin trabajo (El Mundo 23 octubre); la tasa de
paro juvenil es del 53,8%; los salarios bajando y los precios en caída libre,
rayando la deflación y la depresión económica; los desahucios aumentando y el
salario mínimo en 645,30 €.
El
40,6% de los españoles vive en la precariedad, el 24,2% sufre exclusión
moderada y el 10% en severa marginalidad; sólo el 34,3% vive sin carestías
esenciales, según Cáritas. España el país de la OCDE en el que más ha aumentado
la desigualdad y ahora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
insta a atajar la desigualdad para favorecer el crecimiento. Como dice Pareja
en El Plural: «Para todos ellos la
crisis es, efectivamente, historia; para la mayoría, si no hacemos algo pronto
para solucionarlo, será desgraciadamente histórica». Pese a todo, quizás
Rajoy diga verdad, al decir que la crisis ha llegado a su fin, aunque yo tengo
una visión diferente a la del presidente. Ya lo dije en anteriores entradas: «Es lo que querían. Es su modelo».
Por
si fuera todo poco, nueva trama. El Consejo General del Poder Judicial ha
convocado a concurso la plaza que ocupa el juez Ruz en el juzgado número 5 de
la Audiencia Nacional. Todo parece premeditado, para que la Gürtel quede en
nada, por la financiando ilegal (presuntamente) del Partido Popular (prometo no
repetir el «presunta» otra vez, porque sería cansino, además de falso). Según
fuentes cercanas al juez, no pedirá la prórroga en marzo; nadie es más
consciente que él de los riesgos que se ciernen sobre el caso Gürtel. «Si
siempre estaban latentes, ahora más que nunca», dice Ernesto Ekaizer. Podríamos
estar ante otro caso de financiación ilegal del PP que quedaría sin juzgarse,
como el Naseiro, archivado por el Tribunal Supremo, a causa de irregularidades
de instrucción del sumario. (Me adelanto a la puntualización: el caso Filesa,
se juzgó y hubo condenas). El PP hace trampas, cuando le van mal las cosas con
la justicia, cambia las reglas durante el tiempo de juego y hasta de jueces
como Garzón o Silva. Mientras siga Ruz con la causa, debería procesar a todos
los implicados y abrir juicio oral, como corresponde.
El
PP, en solitario y haciendo uso legal pero no legítimo de su mayoría absoluta y
falseando datos sobre disturbios violentos, para justificar la reforma de la
Ley de Seguridad Ciudadana, aprobó la Ley Mordaza, que de hecho significa un
recorte en las libertades y «una amenaza para los Derechos Humanos» (Amnistía
Internacional). Esta reforma sustituye a la denodada «ley de patada en la
puerta», que de por sí ya era un retroceso en las libertades.
Es
una reforma innecesaria que restringe las libertades ciudadanas y significa el
regreso al antiguo Tribunal de Orden Público franquista. La ley que criminaliza
las protestas, recorta los derechos fundamentales de expresión y manifestación,
convirtiendo a la ciudadanía en criminales, por protestar en favor de los
derechos y contra los recortes sociales. Como dice Patricia Hernández el PP «tiene alergia a los derechos
civiles», y a todos los derechos y libertades, añado yo. La oposición de
izquierdas, tiene que ejercer un boicot parlamentario. No es suficiente
manifestar que se derogará cuando se llegue al gobierno; no vale con votar 'no'
o abstenerse; hay que ausentarse, para no legitimar, aun mudos, con la sola
presencia, la aprobación de leyes injustas. España vuelve a ser una dictadura y
Rajoy un dictador. Avanzamos hacia el pasado.
En
relación con las Víctimas del franquismo, el PP en el Senado, ha rechazado la
moción del PNV, apoyada por el resto de grupos, para reanudar la aplicación de
la Ley de la Memoria Histórica, tomar medidas para reconocer a las víctimas del
franquismo y colaborar en la recuperación de los desaparecidos. El PP, no solo
no quiere investigar la corrupción que le cerca, sino que como buen heredero del franquismo, se niega a reconocer los crímenes
que están ocultos en fosas comunes y en cunetas de los caminos. «A todas
las víctimas les debemos un compromiso y eso tratamos de buscar con esta
moción», decía desde la tribuna el ponente Jokin Bildarratz. A ello contesta el
senador Alejandro Muñoz-Alonso «No hemos
hecho comisión de la verdad ni falta que nos hace». Es comprensible la
actitud del PP: cómo va a tener compromiso con las víctimas del franquismo, si
no lo tiene con los enfermos crónicos actuales ni con las personas dependientes
ni con los ancianos ni las personas desprotegidas. Más de 100.000 dependientes
han muerto sin haber recibido las ayudas. Parece como si estuvieran aplicando
su particular «Solución final». Recuerdan a Patricia Flores, ex viceconsejera
de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, cuando
dijo «¿Tiene sentido que un enfermo
crónico viva gratis del sistema?»). Lo que digo, exterminio es lo que
hacen.
Y
con las mismas malas artes, llega el ministro (de la porra) Fernández Díaz, con
la caridad opusiana que le caracteriza, dirigiéndose a los críticos con las
devoluciones en caliente, propone enviar a los inmigrantes de la valla a casa
de quienes los defienden: «Que me den la dirección y les enviamos a esta gente».
Palabras de un indeseable. Todavía no ha dimitido, porque no tiene vergüenza,
ni él ni el presidente del gobierno que le mantiene. El Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas ha pedido a España que dé explicaciones sobre la
devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, por la violencia policial
en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de
malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros. El
gobierno que tan sumiso cumple las directrices económicas que le dan desde
instancias internacionales —UE o FMI—, da la callada por respuesta, violando
los DDHH, incumpliendo entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
Lo
de Rodrigo Rato es para que ya estuviera en la cárcel preventivamente, para
evitar su huida y otros males. El informe realizado por los peritos designados
por el Banco de España, a petición del juez que instruye el caso Bankia en la
Audiencia Nacional, viene a decir que cuando salió a Bolsa, las cuentas
presentadas «no expresaban la imagen fiel» del banco, que pasó en tan solo unos
días —tras la dimisión Rato en 2012—, de unos beneficios de 309 millones de
euros a reconocer un agujero de casi 3.000 millones. Rato y su equipo falsearon
las cuentas, inflando su valor, para facilitar la venta de acciones y eso les
debe costar la cárcel.
El
Código Penal (art.282 bis) establece que «Los que, como administradores de
hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los
mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en
los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las
informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la
legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios
presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes,
colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por
cualquier medio, serán castigados con la
pena de prisión de uno a cuatro años», pudiendo llegar hasta los seis, si el perjuicio
fuera de notoria gravedad (art.308).
Pero
el ex director del Fondo Monetario Internacional —que parece no es tan buen
gestor—, no es el único culpable. El Banco de España y los directivos de
entonces, la CNMV y la auditora Deloitte —que certificó 309 millones de
ganancias, en lugar de 3.000 millones de pérdidas—, son cómplices necesarios de
la estafa de Bankia. En este caso, el delito de «maquinación para alterar el precio
de las cosas» es de libro. Se estudiará como ejemplo en las facultades de
derecho.
Y
que decir de Cristina Federica de Borbón y Grecia, imputada por ser cómplice de
su marido Iñaki Urdangarín, que si los jueces no lo remedian «tu te comes
solito el marrón» pactado en famiglia. Cristina
ha sido participe a título lucrativo y se benefició de los fondos que evadió su
marido, además de cometer un delito fiscal por impago de IRPF, pero ella no
sabe nada. El fiscal acusa a Urdangarín de ocho delitos castigados con más
de 19 años de cárcel, su señora de rositas. Al ex socio Diego Torres se le
imputan siete de estos delitos. El Ministerio Público acusará a la mujer de
Torres, de un delito de blanqueo de capitales y exculpará a la Infanta por ser
quien es, como muestra de que la justicia no es igual para todos y menos si
eres miembro de la familia real; todo un
ejemplo de desvergüenza, rayando la prevaricación.
El
rey padre y el rey hijo encantados. La Historia tendrá que juzgar a esta familia
que según todos los indicios, tiene una fortuna estimada de alrededor 2.300
millones de dólares (unos 1.680 millones de euros), según el New York Times en
2012. El canal NBC, calcula la fortuna de Juan Carlos I en unos 2.000 millones
de euros. En 2003 la revista Euro Business situaba al monarca entre los
europeos más ricos (en la posición 112) con un patrimonio total de 1.700
millones de euros. «A falta de cifras oficiales, las estimaciones que hacen
medios internacionales de prestigio oscilan casi todas en unos rangos similares
y situarían al rey como una de las personas más ricas de España». ¿Cómo han conseguido tantísimo dinero? No
hay transparencia, sí mucha opacidad y secretismo; datos inviolables como la
persona del rey y excesivos privilegios que algún día tendrán que acabarse.
Comencé
a escribir estas líneas con enfado, indignación y asco. Con tanto robo, estafa
y fraude no es para menos, aunque ahora estoy más desahogado; gracias por
permitírmelo. Termino donde dejé la canción de Olvido «Me mantendré firme en
mis convicciones, reportaré mis posiciones», para quién le interese. Mi destino
lo elegí yo y en el sigo; por convicción, por dignidad, mientras que el cuerpo
aguante.
