La
muerte parece que ha estado bien escenificada. Por encargo de la familia, fue
el alcalde de Sevilla, perteneciente al Partido Popular, el juez de profesión
Juan Ignacio Zoido, quien diera la noticia a la ciudadanía sevillana
convocándola al Salón Colón (antes Salón de los Borbones) del Ayuntamiento de
la Ciudad, salón que la corporación municipal ofrecía, como su mejor espacio,
junto a toda la parafernalia municipal, para que se le rindiesen los debidos
honores al féretro de la duquesa antes de trasladarlo a la Catedral para
oficios presididos por un cardenal y una infanta.
Se
ignoran las razones de esta deuda ciudadana. Y son en cambio conocidos unos
deméritos, bien que acallados por virtud de la desmemoria histórica. La
interfecta fue notoriamente titular de no sé cuántas grandezas y noblezas y de
un inmenso patrimonio urbano, rural y financiero, como hija y heredera del
Duque de Alba, quien a su vez fuera, no menos notoriamente, financiador y embajador del golpe de Estado
del verano del 36 y de las subsiguientes guerra y dictadura. Ahí radica la
verdadera deuda. Júzguese si es merecedora de honores ciudadanos. La familia
Alba actual es árbol de esa raíz.
Se
vengaba de la República el Duque de Alba por haber tenido la osadía de
cuestionar la legitimidad de patrimonios como el suyo desde el punto de vista
tanto histórico como social.
Socialmente,
la consecuencia mayor fue, en especial para Andalucía y Extremadura, la
degradación del campesinado hasta extremos de miseria con la consiguiente
supeditación y abaratamiento, casi servidumbre, del trabajo rural.
Todo
ello, también la historia, se tuvo bien en cuenta por la República para poner
justamente en cuestión la legitimidad de unos grandes patrimonios. Había
comenzado con la misma Constitución republicana, aboliendo la nobleza en
aplicación estricta del principio de no-discriminación. El precio de la recuperación de aquellos patrimonios fue la dictadura;
el premio a su apoyo, privilegio social y sinecuras financieras, de las que
Alba sacó buen provecho. Añádase algo: no hay a estas alturas del siglo XXI
signo alguno de conciencia, ya no digo de arrepentimiento, ni de disposición a
la reparación por parte de la familia Alba. Jesús Aguirre, el segundo marido de
Cayetana, intelectual de profesión, ayudó al blindaje del patrimonio, no a la
toma de conciencia.
El patrimonio disfrutado por la
Casa de Alba es inseparable del auxilio prestado por el entonces Duque a la
sublevación franquista y a la posterior dictadura.
Solo
una lamentable desmemoria ciudadana explica que episodios como el sepelio de la
Duquesa, o ciertos festejos y celebraciones, conciten adulación pública, sin
asomo siquiera de censura por parte de la oposición de izquierdas.
El
problema último sigue radicando, para España toda, en la desmemoria histórica,
tan profunda que hace que las apologías retrospectivas del terrorismo
franquista pasen desapercibidas.
Por
internet pueden revisarse los programas especiales de radios y televisiones,
también de las públicas, del último 20-N, así como las abundantes páginas de
prensa del día siguiente. El tópico más repetido es el de la popularidad de
Cayetana por causa de su llaneza, esto es, por no tomarse en serio ni las cosas
serias y así vivir la vida ligera, no diré que loca, con sus espaldas bien cubiertas. Hasta un exvicepresidente del
gobierno, socialista para más señas, se ha deshecho en el elogio de Cayetana la
llana y del patrimonio de la casa de Alba.
Duquesa
de los toreros, también se le dice reiteradamente, como mérito a sumar. Entre tanta frivolidad y banalización como
campea, es difícil encontrar durante estos últimos años en España un personaje
público no improvisado tan frívolo y banal como el de la susodicha duquesa.
Agréguese a esto el agravante de la responsabilidad social de ser titular de un patrimonio saturado de
sangre española no tan remota para la memoria histórica de signo demócrata.
Regresemos
a Sevilla. Últimamente son muchos los sevillanos que han tenido motivos para
avergonzarse de ser ciudadanos de Sevilla. Sin ir más lejos, hace un par de
meses, en setiembre, el barrio del Porvenir, fue tomado por la Cofradía de
Jesús de la Victoria y Virgen de la Paz para la celebración de su 75 aniversario.
Háganse las cuentas: La fundación, formalizada canónicamente en 1939, había
sido iniciativa de Gonzalo Queipo de Llano, el general más sanguinario de los
sanguinarios generales del golpe contra la República encabezado por Francisco
Franco y Emilio Mola. Tampoco hay visos de conciencia en esta efeméride
cofrade.
El Ayuntamiento se puso al
servicio de la Cofradía del Porvenir para la ocupación
de las calles con retirada de vehículos y otras acciones policiales, esto es,
con empleo de personal y medios pagados por la ciudadanía durante varios días.
Entre
setiembre y noviembre hay más motivos para la vergüenza. El distrito municipal
del barrio lo adornó el 12 de octubre con banderitas rojigualdas portando la
leyenda de Día de la Hispanidad, una
advocación de fondo racista y uso franquista que no es oficial para la
fiesta española y que ha sido incluso abandonada desde 1992, por vergüenza
ciudadana ante la presencia indígena, por los Estados latinoamericanos que
también habían venido utilizándola.
No
quiero remontarme a la trayectoria de alcaldes socialistas con respecto a la
Iglesia Católica en general y a la Semana Santa en particular, la semana en la que las cofradías toman la
ciudad poco menos que entera con todos los medios municipales a su disposición
y sin hacerse cargo ni de un Euro del coste del servicio.
Sevilla
por lo demás ya cuenta, desde hace cerca de cuatro años, con una estatua de
Cayetana erigida en uno de sus más céntricos jardines, lo que no se debe a la
actual corporación.
El
mayor insulto a la inteligencia demócrata lo ha protagonizado un exalcalde
socialista de Sevilla elogiando a la duquesa fallecida por “machadiana” para añadir que fue además “felipista”. Así que no
personalicemos ni partidicemos. Tampoco judicialicemos. Bastante carga tiene la
justicia en España y bastante mal la atiende. El problema es político y no
tiene solución judicial. Tampoco digo que prevariquemos, la ciudadanía y la
fiscalía, guardándonos de denunciar delitos al fin y al cabo flagrantes.
Digo
sólo que, en casos de actuaciones netamente políticas contrarias a derecho sin
derramamiento de sangre ni otro daño grave, la vía judicial no es que sea inútil,
pues alguna utilidad política reporta, sino que resulta contraproducente, sea
en Andalucía o en Cataluña. En Sevilla, en una ciudad que sufre de
hiperactividad judicial y fiscal políticamente además sesgada, el problema más
inmediato estriba en cosas como, por ejemplo, la connivencia o la incapacidad de la oposición municipal antes que
en el silencio de la fiscalía o que en el sesgo de la justicia.
El
reciente 20-N también acusa que el problema último sigue radicando, para España
toda, en la desmemoria histórica con su batallón de corifeos comenzando por
unos políticos irresponsables que se han deshecho en elogios de la duquesa
Cayetana y del patrimonio de Alba. Ante esta apología retrospectiva del
terrorismo franquista, no vale la justicia, sino la política. Y son la política
y la justicia las que debieran esclarecer aquel terror. Ante la prevaricación de no hacerlo, otras prevaricaciones palidecen.
