CAYETANA DE ALBA Y LA MEMORIA HISTÓRICA

Un 20 de noviembre se provocó la expiración del dictador Francisco Franco, desenchufándosele los aparatos que le mantenían artificialmente con vida vegetativa. Se hizo tal día porque en la misma fecha, en un 20-N de treinta y nueve años atrás, había sido fusilado, por una torpísima decisión republicana, José Antonio Primo de Rivera, el líder del fascismo de la historia europea más fracasado en las urnas y más victorioso por la sangrienta ruptura de las mismas. Otro 20-N, este último, se desconecta en Sevilla a Cayetana Fitz-James Stuart, ciudadana igualmente española. Se ignora de quiénes ha sido la ocurrencia macabra de hacer coincidir de nuevo la fecha de fallecimiento.

La muerte parece que ha estado bien escenificada. Por encargo de la familia, fue el alcalde de Sevilla, perteneciente al Partido Popular, el juez de profesión Juan Ignacio Zoido, quien diera la noticia a la ciudadanía sevillana convocándola al Salón Colón (antes Salón de los Borbones) del Ayuntamiento de la Ciudad, salón que la corporación municipal ofrecía, como su mejor espacio, junto a toda la parafernalia municipal, para que se le rindiesen los debidos honores al féretro de la duquesa antes de trasladarlo a la Catedral para oficios presididos por un cardenal y una infanta.

Se ignoran las razones de esta deuda ciudadana. Y son en cambio conocidos unos deméritos, bien que acallados por virtud de la desmemoria histórica. La interfecta fue notoriamente titular de no sé cuántas grandezas y noblezas y de un inmenso patrimonio urbano, rural y financiero, como hija y heredera del Duque de Alba, quien a su vez fuera, no menos notoriamente, financiador y embajador del golpe de Estado del verano del 36 y de las subsiguientes guerra y dictadura. Ahí radica la verdadera deuda. Júzguese si es merecedora de honores ciudadanos. La familia Alba actual es árbol de esa raíz.

Se vengaba de la República el Duque de Alba por haber tenido la osadía de cuestionar la legitimidad de patrimonios como el suyo desde el punto de vista tanto histórico como social.

Históricamente, la forma como en la España del siglo XIX se habían efectuado la abolición de los señoríos, la desvinculación nobiliaria, la liberalización mercantil y financiera, y las desamortizaciones municipal y eclesiástica no sólo salvó literalmente de la quiebra a dinastías como la de Alba, sino que potenció su capacidad económica, en particular de cara a un campesinado despojado por dichos procesos.

Socialmente, la consecuencia mayor fue, en especial para Andalucía y Extremadura, la degradación del campesinado hasta extremos de miseria con la consiguiente supeditación y abaratamiento, casi servidumbre, del trabajo rural.

Todo ello, también la historia, se tuvo bien en cuenta por la República para poner justamente en cuestión la legitimidad de unos grandes patrimonios. Había comenzado con la misma Constitución republicana, aboliendo la nobleza en aplicación estricta del principio de no-discriminación. El precio de la recuperación de aquellos patrimonios fue la dictadura; el premio a su apoyo, privilegio social y sinecuras financieras, de las que Alba sacó buen provecho. Añádase algo: no hay a estas alturas del siglo XXI signo alguno de conciencia, ya no digo de arrepentimiento, ni de disposición a la reparación por parte de la familia Alba. Jesús Aguirre, el segundo marido de Cayetana, intelectual de profesión, ayudó al blindaje del patrimonio, no a la toma de conciencia.

El patrimonio disfrutado por la Casa de Alba es inseparable del auxilio prestado por el entonces Duque a la sublevación franquista y a la posterior dictadura.

Solo una lamentable desmemoria ciudadana explica que episodios como el sepelio de la Duquesa, o ciertos festejos y celebraciones, conciten adulación pública, sin asomo siquiera de censura por parte de la oposición de izquierdas.

El problema último sigue radicando, para España toda, en la desmemoria histórica, tan profunda que hace que las apologías retrospectivas del terrorismo franquista pasen desapercibidas.

Por internet pueden revisarse los programas especiales de radios y televisiones, también de las públicas, del último 20-N, así como las abundantes páginas de prensa del día siguiente. El tópico más repetido es el de la popularidad de Cayetana por causa de su llaneza, esto es, por no tomarse en serio ni las cosas serias y así vivir la vida ligera, no diré que loca, con sus espaldas bien cubiertas. Hasta un exvicepresidente del gobierno, socialista para más señas, se ha deshecho en el elogio de Cayetana la llana y del patrimonio de la casa de Alba.

Duquesa de los toreros, también se le dice reiteradamente, como mérito a sumar. Entre tanta frivolidad y banalización como campea, es difícil encontrar durante estos últimos años en España un personaje público no improvisado tan frívolo y banal como el de la susodicha duquesa. Agréguese a esto el agravante de la responsabilidad social de ser titular de un patrimonio saturado de sangre española no tan remota para la memoria histórica de signo demócrata.

Regresemos a Sevilla. Últimamente son muchos los sevillanos que han tenido motivos para avergonzarse de ser ciudadanos de Sevilla. Sin ir más lejos, hace un par de meses, en setiembre, el barrio del Porvenir, fue tomado por la Cofradía de Jesús de la Victoria y Virgen de la Paz para la celebración de su 75 aniversario. Háganse las cuentas: La fundación, formalizada canónicamente en 1939, había sido iniciativa de Gonzalo Queipo de Llano, el general más sanguinario de los sanguinarios generales del golpe contra la República encabezado por Francisco Franco y Emilio Mola. Tampoco hay visos de conciencia en esta efeméride cofrade.

El Ayuntamiento se puso al servicio de la Cofradía del Porvenir para la ocupación de las calles con retirada de vehículos y otras acciones policiales, esto es, con empleo de personal y medios pagados por la ciudadanía durante varios días.

Entre setiembre y noviembre hay más motivos para la vergüenza. El distrito municipal del barrio lo adornó el 12 de octubre con banderitas rojigualdas portando la leyenda de Día de la Hispanidad, una advocación de fondo racista y uso franquista que no es oficial para la fiesta española y que ha sido incluso abandonada desde 1992, por vergüenza ciudadana ante la presencia indígena, por los Estados latinoamericanos que también habían venido utilizándola.

¿No hay fiscal que mire a las recurrentes prevaricaciones y malversaciones de un alcalde por poner personal, bienes y vías del municipio a disposición gratuita de intereses particulares, pues los eclesiásticos también los son? Desde luego que los casos de la duquesa y la virgen franquistas no son los únicos. Pero no es cuestión de personalizar ni de judicializar. No personalicemos porque no se han escuchado críticas relevantes a las referidas actuaciones del alcalde sevillano por parte de la oposición de izquierdas con representación en el municipio. Priva la idea de que Sevilla tiene un color especial y de que el duende taurino y el azahar cofradiero arrastran localmente muchos votos.

No quiero remontarme a la trayectoria de alcaldes socialistas con respecto a la Iglesia Católica en general y a la Semana Santa en particular, la semana en la que las cofradías toman la ciudad poco menos que entera con todos los medios municipales a su disposición y sin hacerse cargo ni de un Euro del coste del servicio.

Sevilla por lo demás ya cuenta, desde hace cerca de cuatro años, con una estatua de Cayetana erigida en uno de sus más céntricos jardines, lo que no se debe a la actual corporación.

El mayor insulto a la inteligencia demócrata lo ha protagonizado un exalcalde socialista de Sevilla elogiando a la duquesa fallecida por “machadiana” para añadir que fue además “felipista”. Así que no personalicemos ni partidicemos. Tampoco judicialicemos. Bastante carga tiene la justicia en España y bastante mal la atiende. El problema es político y no tiene solución judicial. Tampoco digo que prevariquemos, la ciudadanía y la fiscalía, guardándonos de denunciar delitos al fin y al cabo flagrantes.

Digo sólo que, en casos de actuaciones netamente políticas contrarias a derecho sin derramamiento de sangre ni otro daño grave, la vía judicial no es que sea inútil, pues alguna utilidad política reporta, sino que resulta contraproducente, sea en Andalucía o en Cataluña. En Sevilla, en una ciudad que sufre de hiperactividad judicial y fiscal políticamente además sesgada, el problema más inmediato estriba en cosas como, por ejemplo, la connivencia o la incapacidad de la oposición municipal antes que en el silencio de la fiscalía o que en el sesgo de la justicia.

El reciente 20-N también acusa que el problema último sigue radicando, para España toda, en la desmemoria histórica con su batallón de corifeos comenzando por unos políticos irresponsables que se han deshecho en elogios de la duquesa Cayetana y del patrimonio de Alba. Ante esta apología retrospectiva del terrorismo franquista, no vale la justicia, sino la política. Y son la política y la justicia las que debieran esclarecer aquel terror. Ante la prevaricación de no hacerlo, otras prevaricaciones palidecen.