IGLESIA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA, S.A.

 

Nos toman el pelo, una y otra vez. Pero es obvio que las enseñanzas del nacionalcatolicismo no han caído en saco roto: la población española tiene interiorizadas a la perfección las «virtudes» católicas: resignación, obediencia, disciplina, sufrimiento. En esta sociedad católica, hemos mamado la sumisión desde la cuna. No así el espíritu crítico, ni la duda metódica. En España, Descartes no hubiera afirmado «Pienso, luego existo», sino «Me resigno, luego existo».

El gobierno presentó el año pasado su informe sobre los bienes inmatriculados por la filial española de la multinacional privada «Iglesia Católica SA» durante el periodo de vigencia de la Reforma Hipotecaria de Aznar (1998 a 2015). Se contabilizaban 34.961 bienes inmatriculados solo durante ese periodo, aunque la plataforma Recuperando reclama que se establezca un listado de todos los bienes inmatriculados desde 1978.

Un año más tarde y tras examinar el informe de la Conferencia Episcopal al respecto, el gobierno «progresista» pone en cuestión la inmatriculación de 1.027 bienes. Redondeando, cuestionan 1.000 de 35.000 bienes y con ello… ¿esperan que la ciudadanía aplauda su valor por plantar cara a la iglesia? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta?

La noticia no es que se cuestionen 1.000 bienes, es que se ratifican los otros 34.000, es decir, ¡el 97%! Que ese ínfimo 3% cuestionado haya suscitado titulares, obviando las 34.000 inmatriculaciones aceptadas, me resulta obsceno. Por su parte, los obispos solo se quejan para seguir escenificando el paripé pactado de antemano. Nos toman el pelo. Nos toma el pelo el gobierno, nos toma el pelo la Iglesia.

La piedra angular de este asunto es que la reforma de Aznar concedió a los curas la capacidad de actuar como notarios, de que su palabra fuera ley. Algo inconcebible en un Estado de derecho y que dejó atónitos a los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya han pronunciado varias sentencias en contra de esta prerrogativa. Gracias a aquella ley, que convirtió por arte de birlibirloque a curas en notarios, el mecanismo para registrar a su nombre las propiedades fue lo más sencillo del mundo: «Esto es mío porque lo digo yo». Según el informe del gobierno, de los 34.961 bienes, nada menos que 30.335 se han registrado mediante «título de certificación eclesiástica». O sea, porque lo digo yo.

Lo que haría hoy el gobierno de un Estado de derecho sería anular directamente esas 30.335 inmatriculaciones. Y desde ahí, empezamos a hablar.

Se suele criticar, con razón, que Iglesia Católica SA no solo ha registrado a su nombre templos, sino que también ha tenido la desfachatez de registrar viviendas, cementerios, solares, instalaciones deportivas, parques, plazas de garaje… todo tipo de terrenos. Pero es que debemos negar la mayor: ¡los templos tampoco son suyos! Hasta 1998 se consideraba que los templos, al igual que los inmuebles públicos, eran «bienes de dominio público», pues fueron erigidos a lo largo de siglos y siglos por los municipios o el Estado y pertenecen a nuestro patrimonio artístico.

Fueron construidos para el catolicismo, sí, por supuesto. Pero es que España en 2022 no es el país que era hace siglos.

En España hoy en día tenemos dos países (al menos) existiendo simultáneamente, y no me refiero a las «dos Españas» de Machado. Me refiero a universos paralelos que inexplicablemente coexisten, estilo Matrix. Uno de esos países está en la mente, es virtual, es una recreación histórica: se trata de un reino católico medieval en el que un rey y un presidente, de la mano de obispos y cardenales, gobiernan a una población fervientemente católica y monárquica. El otro es lo que ves cuando te quitas las gafas de realidad virtual: una sociedad que observa el latrocinio de los Borbones con indignación y de la que, según el barómetro del CIS de julio de 2021, tan solo el 18,6% se define como «católico/a practicante». Hay, desde luego, otro 40% que se declara «católico/a NO practicante», es decir que cree en dios pero no necesita al cura ni el templo. En resumen, una sociedad que pasa bastante de la monarquía y del clero.

El problema, el grave problema, es que esa «recreación histórica» no está solo en las mentes: está en las leyes. Nuestra ley define un país que no existe en el mundo real. Solo así podemos comprender las prebendas de las que disfruta la pederasta y misógina Iglesia Católica SA en un país supuestamente «aconfesional». Así, y teniendo presente que ese «reino virtual» no surge de la nada, sino que procede de una dictadura católica con la que no hemos roto jamás («transición» es lo opuesto a «ruptura»). Iglesia Católica SA, como cómplice oficial del régimen franquista, tuvo carta blanca para apropiarse de bienes, robar bebés, eludir impuestos. Un trato de favor que se mantiene hoy en día.

Los templos catalogados como patrimonio artístico deben seguir siendo bienes de dominio público. Todas las inmatriculaciones “porque lo digo yo” deben ser revisadas. Y en cualquier caso, Iglesia Católica SA debe estar sometida a todas las leyes tributarias del país: que pague el IBI y que pague también el mantenimiento y las reformas de los bienes que sí sean de su propiedad. Vamos a ver si en esas condiciones siguen deseando tener tantas propiedades.

En lugar de esto, el gobierno nos toma el pelo vendiéndonos como un triunfo lo que es un regalazo a Iglesia Católica SA. Confiando en que, como siempre, la población española traga con todo. Resignación, obediencia, disciplina, sufrimiento. Pero cuidado, llegará un día en que se nos acabarán las tragaderas.