ANUNCIOS DE NADA QUE PARECEN ALGO (AYUSADAS)

                 

            Los políticos siempre tienen prisa en septiembre para recordarnos que existen. Y nadie es más rápida desenfundando el arma que Isabel Díaz Ayuso. El día en que el Gobierno de Madrid celebraba la primera reunión después de las vacaciones, se presentó en la rueda de prensa para anunciar otro capítulo más en su guerra santa contra los impuestos. Bajo su guadaña, cayeron los tres que gravan las máquinas recreativas en bares y restaurantes, los depósitos de residuos por empresas y el recargo en el IAE. Tres enemigos de la libertad a la que acosaban con alevosía.

Tres enemigos de tamaño ínfimo, tan pequeño que eran irrelevantes. El recargo del IAE asciende a un escalofriante 0% desde 2009, el de residuos tiene que desaparecer cuando se apruebe en el Congreso una tasa estatal de basuras y el de las tragaperras es una tasa residual. En conjunto, suponían 0,7 euros por habitante. Es lo que el diario ABC llamó lanzar "una bomba". Una con setenta céntimos de metralla.

La socialista Hana Jalloul lo llamó "puro humo". Mónica García, de Más Madrid, dijo que era una "pantomima neoliberal". Pero con el teatrillo fiscal, Ayuso se ganó unos cuantos titulares, que es de lo que se trataba.

Cada paso en las guerras de religión, por pequeño que sea, es una victoria contra los infieles. Ahora la Comunidad de Madrid ya no cuenta con impuestos propios. La presidenta madrileña sacó a colación los que tienen las CCAA gobernadas por sus rivales –por ejemplo, trece en Catalunya o seis en Aragón– y se calló el número de los ejecutados por gobiernos del PP (ocho en Andalucía y seis en Galicia). Seguro que cree que esos dirigentes regionales de su partido no son lo bastante puros, aunque hubiera quedado poco cortés avergonzarles en público.

"Cada vez que Madrid ha rebajado impuestos, esto se ha traducido en una mayor recaudación", dijo Ayuso el miércoles. De entrada, la eliminación de esos tres impuestos tendrá un impacto cercano a cero. Si un Gobierno nacional aplicara esa receta, descubriría muy pronto lo equivocado que está. El caso de una comunidad como Madrid es diferente. Gracias al efecto de la capitalidad y a la atracción de las rentas más altas, consigue recaudar más dinero a pesar de sus reducciones de impuestos a los más ricos. Es lo que otras CCAA llaman "dumping fiscal".

Todo ese dinero extra obtenido por el mayor nivel de renta de sus habitantes podría utilizarse en los servicios públicos, pero eso sería como dar una victoria al comunismo ateo.

Por eso, los madrileños que han intentado pedir cita para su médico de cabecera este verano han descubierto que tendrán que esperar tanto tiempo que es mejor que se vayan a urgencias. O confiar en que su hora no haya llegado aún. Mientras tanto, los más ricos de Madrid se han ahorrado casi 6.000 millones de euros por el impuesto de Patrimonio desde 2011.

Díaz Ayuso también arrancó con fuerza dentro de su partido. Esta vez, tocaba apuntar sobre José Luis Martínez-Almeida y cerrar un debate que no existe para ella. Son amigos, pero sin pasarse. El día anterior, había hecho saber a algunos medios que se presentará como candidata a presidir el PP madrileño, un paso adelante con el que imponer su poder en el partido que se veía venir desde su victoria en las elecciones de mayo.

El alcalde de Madrid se quedó un poco frío cuando le preguntaron el miércoles por las intenciones de la presidenta. No le salió ningún chiste, como ocurre otras veces. Sí soltó una pequeña pulla, de esas que producen ternura por sus tibios efectos. Afirmó que el PP está muy bien con su dirección actual, representada por Pío García Escudero y Ana Camins. Hasta les concedió el mayor mérito por "los resultados electorales y la movilización" del electorado en los comicios de mayo.

Cuando se entere Ayuso de que alguien quiere arrebatarle el mérito de SU victoria, es posible que se haga con un pequeño muñeco del alcalde con el que probar las virtudes de las agujas del vudú.

Para las cosas menores, es suficiente con que los subalternos cumplan con lo que se espera de ellos. El nombramiento de un administrador presuntamente temporal en la radiotelevisión autonómica hasta la votación en la Asamblea ha permitido colocar a periodistas de confianza al frente de sus informativos. Esos a los que en teoría no tienes que telefonear todos los días para que no te den sustos (aunque está claro que les llamarán). De momento, ya han procedido a sustituir a los presentadores de Telemadrid, con los que la cadena remontó las audiencias de sus informativos en los últimos años.

Los que vengan tendrán muy claro lo importante que es reducir impuestos para salvar a la civilización occidental. No lo llames purga, es una purificación espiritual.

EL CARDENAL OSORO, UN CÍNICO SINVERGUENZA

             

            El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 20 de julio de 2021 enviar a las Cortes la Ley de Memoria Democrática, que entre otras disposiciones quiere reformar la condición legal de la basílica del Valle de los Caídos, el más enorme de los monumentos fascistas, erigido para conmemorar la victoria de los militares monárquicos sublevados contra la República, y que recobrará su nombre anterior de Cuelgamuros. La Iglesia catolicorromana española, que está siempre hermanada con el poder, ora monárquico, ora fascista, con la única excepción del período republicano, ha comenzado inmediatamente una campaña para que no le toquen la basílica del Valle de los Caídos, por considerarla suya, aunque fue construida por los presos políticos y pagada con los impuestos de todos los españoles.

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, uno de los más trabucaires con los que cuenta la Conferencia Episcopal Española, se apresuró a remitir un tweet el mismo día 20, en el que según su costumbre trataba de engañar a sus fieles con esta afirmación: “Hay que recordar que la Iglesia, particularmente la comunidad benedictina allí presente, ha rezado siempre por la reconciliación y por todas las víctimas”.

¿Qué es Osoro, un ignorante que desconoce la reciente historia de España, o un cínico desvergonzado que la cuenta a su manera? La Iglesia catolicorromana rezó únicamente por el triunfo de los militares sublevados, en la guerra organizada precisamente a consecuencia de su rebelión, que la Iglesia denominó “cruzada contra los sindiós”, calificativo del gusto de los rebeldes, que lo hicieron suyo y lo propalaron en sus medios de comunicación. Rezar por su triunfo equivalía a pedir le derrota del otro bando.

Durante la guerra iniciada en 1936 la inmensa mayoría de la clerigalla española se colocó al servicio de los militares rebeldes. Hay una copiosa bibliografía demostrativa. Recordaremos unos pocos datos. El cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de las Españas, publicó una carta pastoral de cuaresma el 30 de enero de 1937, en apoyo de los rebeldes. Titulada “La cuaresma de España Carta pastoral sobre el sentido cristiano-español de la guerra”, se encuentra en el órgano de adoctrinamiento político-religioso a su servicio, el Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo fechado el 28 de febrero. El título advierte sobre sus intenciones propagandísticas, al encontrar en la guerra un “sentido cristiano-español”.

El 3 de febrero fechó el prólogo escrito para presentar el folleto Le Glorieux Mouvement Rédempteur d’Espagne appuyé avec enthousiasme par la Hiérarchie Ecclésiastique Espagnole, recopilación de cartas pastorales de obispos hispanos a favor de la rebelión militar, difundido internacionalmente con enorme profusión, como arma propagandística de los sublevados. En su escrito Gomá llamó a toda Europa a combatir junto a ellos contra el comunismo, que él veía instalado en España.

Veinte días después el infatigable cardenal escribió a los obispos, arzobispos y cardenales españoles, proponiéndoles redactar una carta colectiva dirigida a los catolicorromanos de todo el mundo, con un apoyo inequívoco a los militares monárquicos rebeldes. La idea se la había susurrado el cardenal secretario de Estado del supuesto Estado Vaticano, el filonazi Eugenio Pacelli, que iba a ser el siguiente papa.

Durante la reunión mantenida el 3 de marzo con el exgeneral Franco le reclamó la derogación urgente de las “leyes sectarias” de la República, por parecerle escasas las normas dictadas ya, ordenando el restablecimiento de los privilegios eclesiásticos en el territorio conquistado. Volvieron a entrevistarse el 10 de mayo en Burgos, y de esa conversación derivó la redacción de un documento muy importante, la conocida como Carta colectiva del Episcopado español, con la que el catolicismo romano en España se convirtió en beligerante declarado en la guerra. Ya tenía bien demostrada su simpatía con los militares sublevados, pero con ese documento se convirtió en beligerante activo. Por serlo no podía lamentarse de sufrir bajas entre sus filas, como sucede en todas las guerras.

Una nueva demostración de la actitud del Vaticano ante la guerra librada en España se produjo el 19 de marzo. Es la fecha de la encíclica papal Divini redemptoris, en la que Pío XI se refirió a los motivos religiosos que impulsaron a los rebeldes a sublevarse para combatir al comunismo ateo, que al parecer predominaba en España, aunque no se ha interrumpido el culto en los templos.

El 15 de mayo el primado volvió a escribir a sus colegas del Episcopado, para exponerles la conveniencia de redactar esa carta colectiva, preguntándoles su opinión al respecto. El 7 de junio les escribió de nuevo, para contarles que las respuestas habían sido afirmativas, por lo que les enviaba pruebas de imprenta de la declaración conjunta que debían firmar todos en apoyo de la causa rebelde.

Plenamente comprometido ya con los rebeldes, el 25 de mayo llegó a España Ildebrando Antoniutti, para entrevistarse con el dictadorísimo. El motivo consistía en estipular las condiciones para que el Vaticano reconociese a los rebeldes como único Gobierno de España.

Aunque la carta, fechada el 1 de julio de 1937, fue firmada colectivamente, en realidad tuvo un único redactor en su integridad, el mismo cardenal Gomá, y un único corrector de estilo, Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid, apodado El Obispo Azul después de la guerra, por el color de la camisa falangista, debido a su identificación con los vencedores, que le premiaron su fervor fascista con innumerables cargos políticos bien remunerados.

Esta Carta colectiva del Episcopado español constituyó un decisivo apoyo a los miliares sublevados. Impresa en Pamplona por Gráficas Bescansa, en un folleto de 32 páginas, fue inmediatamente traducida y editada en los idiomas más hablados del planeta, por lo que alcanzó una tirada que debió ser enorme: solamente en 1937 llegaron a imprimirse 36 ediciones. Fue el arma propagandística más poderosa a favor de la rebelión entre los seguidores del catolicismo romano.

Aparece firmada por dos cardenales, Gomá y Eustaquio Ilundain; seis arzobispos, treinta y cinco obispos, y cinco vicarios capitulares. Negaron su firma el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona, y Mateo Múgica, obispo de Vitoria–Gasteiz, exiliados en Italia, por no estar conformes con la letra del escrito ni juzgarlo oportuno. Al parecer no se tuvo en cuenta al también exiliado cardenal Segura, por ostentar un cargo en la Curia vaticana y no estar adscrito a una diócesis española; sin embargo, Múgica había “renunciado” también a su diócesis obligado por las amenazas de muerte hechas por los rebeldes. La redacción es hedionda. Se empieza por justificar la guerra cuando es: “el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia [catolicorromana], aun siendo hija del Príncipe de la Paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado las Órdenes Militares y ha organizado Cruzadas contra los enemigos de la fe”.

Se les olvidó citar la condena a morir en la hoguera hecha por el sarcásticamente llamado Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición contra judíos, mahometanos, reformadores eclesiásticos, traductores o lectores de la Biblia, científicos bien informados, escritores con ideas propias, brujos, homosexuales y demás víctimas inocentes de su fanatismo.

Tras regodearse todo un capítulo en enumerar los considerados por los firmantes graves daños causados por el comunismo, pasan a describir las dos tendencias políticas enfrentadas en la guerra española según su opinión muy parcial, basada en una interpretación maniquea de la historia, pese a estar condenado por ellos el maniqueísmo como doctrina herética: “la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus factores, por la novísima “civilización” de los soviets rusos”.

Más adelante añaden que el pronunciamiento militar tuvo un “sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión”. Es decir, que era una cruzada de los píos cristianos contra los infieles, en el mismo sentido que las medievales bendecidas por los papas. Entonces los infieles eran los comunistas.

Facilita unas cifras de iglesias destruidas y sacerdotes muertos mediante violencia que son absolutamente imposibles, y narra historias delirantes cometidas por los “sin—Dios”. Por el contrario, disculpa los “excesos” cometidos por los sublevados, ya que “tiene toda guerra sus excesos”, y añade “que va una distancia enorme, infranqueable, entre los principios de justicia, de su administración y de la forma de aplicarla entre una y otra parte”. Y rechaza las objeciones puestas en alguna publicación catolicorromana europea sobre el comportamiento de los rebeldes, porque asegura ser debidas a la mala información de los autores. Asimismo, reprueba la acusación de que la Iglesia española se alineaba con los ricos e ignoraba a los pobres, lo que motivó el anticlericalismo de los obreros.

Esta síntesis forzosamente reducida no puede exponer todo el odio rencoroso advertible en la carta episcopal contra la República, satélite de Moscú en opinión del primado. Es un escrito sectario, equívoco y parcial, como redactado por quien estuvo predicando la cruzada años antes de la sublevación. La carta demostró que la Iglesia catolicorromana española, con la aprobación del Vaticano, se unía a la Alemania nazi y a la Italia fascista en la colaboración con los militares rebeldes. Debido a ello, el papa Pío XI felicitó a Gomá con cierto retraso, el 5 de marzo de 1938, por la redacción del documento. De modo que la Iglesia catolicorromana en pleno, empezando por su papa, se alió con los rebeldes decididamente.

Además de escritos y plegarias, la Iglesia catolicorromana colaboró con los sublevados entregándoles las recaudaciones logradas en sus templos de todo del mundo para la compra de armas y gasolina. Y lograda la victoria gracias a las armas y los hombres enviados por la Alemania nazi y la Italia fascista en ayuda de los rebeldes, el mismo día 1 de abril de 1939 declarado Día de la Victoria, el nuevo papa Pío XII envió un telegrama de felicitación al dictadorísimo para comunicarle que “levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente con Vuestra Excelencia deseada victoria católica España”. No decía nada sobre la reconciliación ni se acordaba de las víctimas causadas por las armas rebeldes. Eso lo imagina Osoro, que se ha inventado una complaciente historia falsa de España.

El 20 de mayo de 1939 se celebró un solemne tedéum en la iglesia de Santa Bárbara, presidido por Gomá y el dictadorísimo. El militar vencedor entregó a su compinche el cardenal trabucaire su espada victoriosa, con la que al parecer había luchado con éxito contra los tanques republicanos, para que la colocase en el tesoro de la catedral de Toledo.

La suprema demostración del contubernio entre la Iglesia catolicorromana y el régimen fascista español quedó corroborada el 25 de febrero de 1954, durante un acto religioso—militar celebrado en la capilla del Palacio de Oriente. El entonces arzobispo de Toledo, cardenal Enrique Pla y Deniel, impuso al dictadorísimo el hábito, la cruz, la insignia y el collar de oro de la Suprema Orden Ecuestre de la Milicia de Nuestro Señor Jesucristo, concedida por el papa para agradecerle que tuviera a la nación sometida a la dogmática de su secta.

Este Pla y Deniel era obispo de Salamanca al producirse la sublevación militar, y cedió su palacio al dictadorísimo para que se instalase en él con sus ayudantes. A la muerte de Gomá el dictadorísimo, que se había arrogado la facultad de presentar las candidaturas de obispos al Vaticano, un privilegio de los reyes, propuso a Pla como sucesor, lo que fue aceptado.

Dadas las sigilosas conexiones de los clérigos en todas partes, alguien enseñará este escrito a Osoro, aunque no le hará cambiar sus ideas. No sería cardenal si no fuera fanático.

EL ARTE DE LA TORTURA

         

Unas filigranas humanas de llamativos colores, seres andróginos y ceñidos de seda y dorados abalorios, avanzan al paso en un redondel de galleta. Al son de una fanfarria de pasodoble, las figuras caminan erguidos, seguidos de sus cuadrillas, aderezadas con plata subalterna: banderilleros, mozos de estoque. Y los monosabios. Siempre me ha gustado esta palabra y su semántico significado. Los monosabios son los encargados de echar paladas de arena para cubrir la sangre de la lidia. Y azuzar con una vara reglamentaria a los aterrorizados caballos ciegos de los picadores.

Los tres cuerpos jóvenes caminan sobre las puntas de los pies, enfundados en unas zapatillas de ballet, y el cuerpo almidonado por un miedo ritual. Tienen el rictus del oficio en el rostro pálido, tallado por la luz artificial de los hoteles.

Son los maestros matadores. Artistas de la muerte vestida de rito por las plazas de España.

  Aunque, no nos engañemos: estos profesionales son matarifes de lujo. Van a oficiar una liturgia de sangre y arena en esa Fiesta de colores que es la bandera de España. La orgía de la tortura del toro acorralado y obligado a embestir. Todos los toreros sueñan con poseer una dehesa, y matan cientos de toros cada año para conseguirlo. Con su tronío conservador y chulesco, encarnan la rijosa España costumbrista de señoritos de casino y latifundio, lagartijas y esparto mental. Y en medio de todo ese orbe escatológico, el toro bravo como víctima del sacrificio litúrgico a una tradición de cerebros insolventes y algún intelectual despistado o parasitario.

Suenan los desafinados clarines y el redoble del tambor. Es la hora de la verdad. Arriba del ruedo el público ruge de excitación. Aplauden a rabiar a la espera de la lidia del susto y del calambre en la entrepierna. Han pagado por disfrutar la humillación y el descuartizamiento del mítico toro bravo. Esa furia animal es escarnecida una y otra vez, por la astucia. La furia desafiada embiste al aire. El aleteo engañoso de un trapo al que llaman Arte, cuando se trata de simple habilidad costurera. Una efímera y bastarda sensación exaltada, por la literatura fácil, al rango de tragedia. Cuando todo lo más se trata de un exotismo soez y carnicero, que acaba en un vulgar puchero de estofado.

        También se llama arte a la guerra. Poner exquisitos adjetivos no es difícil, sobre todo si esconden una siniestra trastienda de dolor y mafiosidades nada sublimes. Aparte de la manipulación genética, antes de enfrentarse a su trágica hora en un ruedo, el toro ha sido rigurosamente escofinado, tundido a golpes, viajado por carretera cientos de kilómetros padeciendo sed en un cajón y, eventualmente, víctima de la moderna farmacopea amodorrante. Pues, para las empresas taurinas, un torero de cartel es una inversión muy rentable. Y hay que limitar los riesgos al máximo.

La taquilla es la suprema reina de la Fiesta.       

            El gran parné que mueven los toros ilustra hasta qué punto el negocio de la lidia es un zafio monedero y no otra cosa más ilustre ni más fina. Una casquería que se anuncia como Cultura y no es más que ceremonia de bajas pasiones, a mayor gloria de la ocupación hostelera.

Sangría a sol y sombra. Al compás de la corrida, en las plazas de toros tiene lugar un juego cruzado de seducciones metafóricas, aunque no exentas de evidencia genital al por mayor. Los cojones del toro levantan controvertidas y celosas pasiones. El delirio. A medida que lo van macheteando se produce un alivio de escrotales frustraciones colectivas, a costa de un animal cuyo único delito es ser un tótem mitológico.

Tauromaquia es como llaman a la transformación de la fortaleza viril del toro en mugidos, moscas, babas, miedo, bostas y mondongo, tortura y muerte. País eternamente paradójico, donde el perfil de ese mismo toro bravo se exhibe como elemento simbólico de los supuestos atributos de la raza.        

Sin embargo, lo segundo que más me asombra de la corrupción conductual y moral que significa la tauromaquia es su desfachatez. El que viola se oculta para violar. El que roba se esconde para robar. El que mata procura hacerlo sin testigos.

Aquí se obliga a un herbívoro pacífico a entrar en un ruedo del que no tiene posibilidad de huir, se le causa un destrozo físico para menoscabar su fuerza y movilidad, se le tortura, despacito, y al final se le mata cuando hay “suerte” de un golpe de mano, que las más necesita repeticiones y carnicería añadida para acabar con su vida. Luego a menudo se le mutila, y se sabe que no pocas veces cuando todavía no está muerto.

Aquí, y sigo con lo segundo que más estremece, es que los niños son llevados -sí, llevados, una niña de cinco años o un niño de ocho van donde sus padres quieren que lo haga-, a ser espectadores de lo descrito en el párrafo anterior. Y cuando se hace eso se están pasando por la montera de la patria potestad el dictamen del Comité de Derechos del Niño de la ONU indicando que la tauromaquia es violencia infantil, así como todas las leyes y declaraciones de intenciones europeas, nacionales, comunitarias o municipales jurando que la protección del menor es algo prioritario, sagrado y en modo alguno inviolable, y que cualquier conducta que atente contra esos principios será prohibida y castigada su ejecución.

Lo primero, lo que más espanta, lo que produce escalofríos en el alma, en la piel, en la cordura y en la sensibilidad es que ese acto donde se abrazan la violencia con animales, su maltrato lento, intenso, sin atisbo de compasión, y la violencia educacional para la infancia, haciéndoles presenciar cómo se hiere una y otra vez a un toro, haciéndoles beber sus hemorragias por los ojos y estampando su sufrimiento en la mente de seres humanos en pleno proceso de formación de sus valores, es que la tauromaquia todavía sea algo legal en nuestro País.

¿Hay necesidad de explicarlo?, ¿es que no lo estamos viendo en cada corrida, en cada toro embolado o enmaromado, en cada toro al agua, del aguardiente o de encierro de campo perseguido por coches y tractores? Mueren desangrados, atropellados, ahogados, de golpes contra talanqueras, de infartos, mueren por miles, sufren y mueren en cada rincón de España con la misma dosis de terror y padecimiento en su cuerpo, con la misma carga de depravación en el mensaje que se le transmite a los niños y ante los mismos aplausos y sonrisas de quienes encuentran en semejante aberración un motivo de diversión.

No, es que encima esta modalidad de corrupción no se esconde y no es necesario tener que explicar los motivos como no los sería si alguien es observado forzando a una mujer o metiendo la mano en el bolso de una anciana, y ya está bien de ponerla en la estantería del comportamiento decente porque nos la encontremos en el cajón de lo legal.

Tantas cosas que lo han sido ya no lo son porque evolucionamos, porque es sabido que la ley suele ir por detrás del espíritu de los ciudadanos y del progreso hasta que llega un día en que el hedor de esa basura se hace tan insoportable que, por muy vistosa que sea la bolsa que la contiene, se lanza al vertedero donde debe estar: el de lo inadmisible por repugnante y nocivo.

Y las palabras Tradición, Libertad o Raíces no sirven de nada, sólo son podredumbre en su interior por real que sea su forma. Una tradición violenta, la libertad que se usa para torturar o matar o las raíces de las que nace un fruto dañino son perversiones que encuentran su disfraz en el diccionario.

La realidad es que esto es maltrato de animales y que esto es lesivo para los más pequeños y ante eso sólo caben dos posturas: confesar que no importan ni unos ni otros en aras de un placer y de un negocio malsanos, o abolirlo sin contemplaciones porque la violencia con un animal y con un niño, cada una en su vertiente, no se van a consentir.

REVISIONISMO HISTÓRICO

   

      La historia se repite. La derecha reaccionaria que representa Pablo Casado niega la realidad histórica; niega el golpe de Estado franquista contra la República, cuando se cumplen 85 años de aquel aciago acontecimiento que tanto sufrimiento causó y del que todavía quedan vestigios en las cunetas de tantos lugares, donde aún residen en fosas comunes más de 150.000 personas anónimas represaliadas. Nada es nuevo. Franco ya revisó la historia a su manera con la causa general y la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939.

El presidente del PP ha realizado ante el Congreso una reinterpretación del estallido de la Guerra española (que no civil). Según sus palabras, «la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia», no reconoció que fue un alzamiento militar contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, surgido de las urnas y en el que sí existía ley.

También tiene su propia visión de la historia la sección Cuarta de la Sala III, cuando tomó la decisión de paralizar la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos. La intromisión se observa en la página 8 del auto, en la que describe que Franco fue «Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento». En palabra de los historiadores, es dar por bueno que era el líder legítimo antes del fin de la guerra y justo después del golpe. Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936. (Ángel Viñas). «Franco nunca fue legalmente Jefe del Estado, a no ser que se crea que cualquier cosa que hiciesen los golpistas de 1936 fuese legítimo», dice Paul Preston.

        De aquellos polvos, estos lodos; de la justicia establecida por Franco vienen estos razonamientos; porque no olvidemos que la justicia franquista era una justicia al revés. En 1939 el régimen de Franco promulgó, por decreto, la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero), con objeto de dirimir las responsabilidades durante la guerra civil y la república. Con esta ley se legitimaban las multas, los embargo de bienes, los destierros, la pérdida de la nacionalidad española; y con las restricciones de empleo, una purga generalizada del mundo laboral, profesional y funcionarial.

La LRP tipificaba como punibles los actos y omisiones de quienes hubieran colaborado con la República y participado en la llamada Revolución de Asturias en 1934. Esta ley estuvo vigente hasta 1969, fecha en la que prescribieron todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Se mantuvieron las inhabilitaciones y prohibiciones contra todos los líderes del exilio republicano hasta la muerte de Franco en 1975.

La represión contra los vencidos fue complementada por la Ley sobre la Represión de la Masonería y del Comunismo (1 de Marzo de 1940), al considerar que el comunismo y la masonería (y el judaísmo) eran responsables criminales de la decadencia de España, que culminaban «con la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola». Con esta ley se institucionalizaba la caza del comunista y del masón.

       La causa general instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, fue promulgada mediante decreto en 1940 y constituyó otro instrumento represor. Se abría un proceso de investigación, que afectaba a la ciudadanía en general, con el objeto de instruir «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja». Todos mezclados: socialistas, comunistas, anarquistas, separatistas, masones, ateos y republicanos. La causa general recopiló información sobre todo tipo de acciones de autoridades, fuerzas armadas y de seguridad y ciudadanos partidarios de los gobiernos republicanos y de izquierdas desde la instauración de la Segunda República en 1931. La sin razón del fascismo vencedor.

En Derecho penal rige uno de los principios más elementales: el principio de irretroactividad. Este principio busca proteger a la ciudadanía, evitando que se les pueda sancionar a posteriori, por actos que cuando fueron realizados no estaban prohibidos. En el régimen del dictador este principio no se aplicó, sino todo lo contrario. En 1939 se criminalizó y castigó a cualquier individuo que hubiera prestado su apoyo al bando republicano desde 1931, a los rebeldes izquierdistas de 1934, y a todos aquellos que no se hubieran sumado a su alzamiento nacional contra el marxismo. Actos y omisiones cometidos muchos años antes a la promulgación de la vengativa norma.

       El régimen franquista entendía que haber formado parte de algún sector productivo o realizado algún tipo de ocupación durante la República, era suficiente como para haber podido ser colaborador con la rebelión. Así, los soldados de reemplazo, los conductores de tranvías, funcionarios, maestros o directivos de empresas, podían ser culpables potenciales. Todo esto no era más que una de las consecuencias lógicas de un sistema de justicia penal invertida.

La dictadura subvirtió el sentido de la acción, rescatando los delitos de adhesión, auxilio o excitación a la rebelión militar, contra aquellos que se mantuvieron leales al régimen democrático legalmente establecido, frente a los golpistas que se levantaron contra la República. Todo un absurdo legal; un castillo legal prefabricado donde la justicia se aplicaba sobre el odio y la venganza.

La Constitución de 1978 no expulsó expresamente estas normas del sistema jurídico. Con la ley de Amnistía de 1977, o la llamada ley de Memoria Histórica del 2007, se ha venido a garantizar la impunidad de los crímenes franquistas. Incluso el Tribunal Supremo, en el caso del juez Garzón contra los crímenes del franquismo, decretó la extinción de responsabilidad penal por muerte, prescripción o amnistía.

Pese a todo, los procesos que se abrieron bajo la jurisdicción franquista están archivados, pero siguen abiertos. Los investigados, inculpados, procesados y condenados, por tribunales especiales y leyes de excepción, no han recibido una justa reparación. Por cierto, de rebelión acusa la fiscalía a los presos políticos soberanistas en el juicio del procés. La justicia franquista es la justicia revés.

       Es vergonzoso que a estas alturas Casado, este nefasto personaje, revise la historia a imagen de quienes le redactan los discursos, que el asume, representando las #vergüanzasdeEspaña. Iñigo Errejón ha calificado de «extraordinariamente grave» que el líder del PP haya afirmado que la Guerra fue «un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia» y Pedro Sánchez le ha pedido que se retracte. El personaje viene a demostrar su talante y su mala intención.

Pablo Casado, no es que olvide, sino que niega que los golpistas se levantaron contra el pueblo español, contra la democracia española y contra la ley vigente en España, «y un demócrata lo debería tener meridianamente claro», le ha espetado el dirigente de Más País. La única ley legítima es la ley democrática y nunca más puede haber en España ley sin democracia y democracia sin ley «la única ley legítima es la de la democracia y entonces era la de la Segunda República», en palabras de Pedro Sánchez.

Los historiadores critican a Pablo Casado: «Ha justificado el golpe de Estado de Franco», mostrando una falta de rigor histórica. Negar la existencia de leyes durante la Segunda República es mentir. Aquellas leyes y su Gobierno elegido libremente fueron asaltados por las armas de quienes quisieron acabar con esa legitimidad. Aquello condujo a la Guerra y esto es poco discutible a estas alturas.

       Bajo la visión del arqueólogo del CSIC Alfredo González-Ruibal, la sociedad está padeciendo una ofensiva del PP radicalizado que tiene su fuerte en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. «Es el PP más ultra, el que peor representa al conservadurismo español tradicional, es el de la destrucción de las placas de la Almudena con los nombres de los fusilados por el franquismo, es el de la escultura del legionario en la Plaza de Oriente.

«Es inaceptable», resume Javier Moreno Luzón. El historiador explica que Casado ha restado importancia al golpe de Estado para restarle legitimidad al Gobierno de la República. Recordando que la Guerra (que no fue civil) es una sublevación de una parte del ejército contra la ley de un orden constitucional de un gobierno legítimo, elegido en unas elecciones libres.

Para Emilio Silva (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), Casado quiere mostrar que el franquismo tenía legalidad y la República no. «Está compitiendo en el presente con las relecturas del pasado y no le importa decir este tipo de barbaridades». Pablo Casado justifica el franquismo. «Una vez más estamos ante el mito del eterno retorno de la derecha que no condena la dictadura.

España era una democracia en 1931 y en 1936. Con el golpe de Estado, Franco traicionó a la España demócrata, como ahora Pablo Casado lo hace partiendo de un déficit de conciencia histórica y democrática, que afecta a las instituciones y que identifica a la derecha española, que no asume el franquismo y niega a la República, algo propio del discurso ultraderechista.

SOMOS PERSONAS, NO FOCOS DE INFECCIÓN

El preámbulo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 reza así:

         “Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”.

Nuestros derechos fundamentales no están suspendidos, pero el Gobierno rastrea las redes sociales en busca de quienes expresan “discursos peligrosos”. El problema de este tipo de conceptos, o tal y como se les conoce en Derecho, de conceptos jurídicos indeterminados, es que corresponde a las autoridades de turno determinar qué es un discurso peligroso y la historia demuestra quién sale perdiendo.

Así nos encontramos que desaparecen posts de nuestras redes sociales o se limita la compartición de ciertos mensajes. A sensu contrario la comunidad médica puede hacer, deshacer y decir lo que le parezca, aunque el nivel de evidencia sea cero, incluso, aunque actúen y se expresen en contra de toda la evidencia disponible. Para estas actuaciones no hay límites, no hay fiscalización posible.

No está de más recordar que precisamente estamos confinados porque la medicina alopática no tiene solución hoy por hoy para el coronavirus, y los tratamientos que aplica no tienen evidencia, son experimentales.

Nuestros derechos fundamentales no están suspendidos, pero en España los derechos de reunión, asociación y manifestación son en la práctica, impracticables (mientras tanto siguen manifestándose en Francia, Alemania y Polonia).

Asimismo, aquellas personas que salgan a la calle con el motivo que sea, se enfrentan no sólo a potenciales abusos policiales (y aquellas personas que las presencien y denuncien, a las correspondientes multas gracias a la Ley Mordaza), sino también a una gestapo vecinal en busca de cualquiera que ose cuestionar su confinamiento, no sólo físico, también mental.

Gracias a la militarización y el belicismo promovidos desde los discursos tanto verbales como simbólicos explícitos (esas ruedas de prensa de terror con mandos del ejército al frente), hemos entrado en esta lógica del todos, de la unidad, del enemigo común invisible, etcétera que no puede traer nada bueno

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          Dice la Constitución española que:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. (Capítulo II, Derechos y Libertades, Artículo14).

Nuestros derechos fundamentales no están suspendidos, pero a pesar del principio de no discriminación, en España la infancia se encuentra triplemente discriminada: En relación con el resto de personas adultas de la sociedad, es la única que no goza de ninguna excepción para pisar la calle. En relación con las mascotas, cuyas necesidades sí se han atendido. En relación con el contexto europeo, porque la infancia española es la única que no sale a la calle.

Nuestros derechos fundamentales no están suspendidos, pero en la actualidad en España un gobierno que se dice progresista y de izquierdas importa, de todos los modelos de gestión de la crisis sanitaria posibles, el modelo Chino: un modelo dictatorial.

Por su parte, la ciencia, en un mundo en el que se ha recortado en sanidad (de esto hablaremos en otro momento) pero también en humanidades, anda desbocada, con los máximos representantes en epidemiología promoviendo políticas de control total de la población.

Así, se propone la evolución hacia el supremacismo serológico, un mundo en el que la población se divide entre infectados y no infectados, entre personas y vectores. Las primeras tienen pleno acceso a la ciudadanía, las segundas no.

Es más, este estado serológico será absolutamente público, para satisfacción de la gestapo vecinal. Repartiran carnets, pondrán pulseras, nos obligarán a descargarnos una aplicación del móvil, nos geolocalizarán con fines policiales (por supuesto que de forma individual y no anónima), nos revisarán los discursos en las redes sociales.

Vivimos en una sociedad donde no se identifica a violadores condenados, a pederastas, donde los maltratadores tienen presunción de inocencia. Pero en cuanto al estado serológico dicha presunción de inocencia no se aplica, todos somos sospechosos, todos somos vectores, todos somos potencialmente infecciosos, hasta que no se demuestre lo contrario.

Hemos pasado de tener que clicar veinte veces un consentimiento a cookies para leer una noticia en una web, al chantaje de no poder salir a la calle ni abrazar a nuestros seres queridos si no cedemos nuestros datos especialmente protegidos, como son los de la salud.

Los datos de la salud son especialmente protegidos no por capricho, sino precisamente porque la salud es un bien precioso y que además, nos hace vulnerables y diana de potenciales vulneraciones.

Se ha promulgado el Estado de alarma con el objetivo de proteger la salud frente a una crisis sanitaria. Nos dicen que no salgamos a la calle para proteger a la población de riesgo, principalmente personas ancianas y personas inmunodeprimidas.

¿Les preocupaba la salud de la población anciana cuando la hemos hacinado en residencias, con ratios imposibles, atiborrándolas con medicamentos cuyo efecto secundario precisamente es agravar las neumonías? ¿Es salud permitir que mueran solas y que una vez fallecidas sus cadáveres tarden días en ser retirados? Como sociedad y con las políticas gubernamentales hemos creado las condiciones perfectas para que la población anciana sea extremadamente vulnerable.

En cuanto a las personas inmunodeprimidas, ¿cómo ayuda a su salud acudir a la farmacia y encontrarse con que la medicación que necesitan para vivir o para hacerlo con un mínimo de bienestar no está disponible de un día para otro y sin aviso? No lo está porque ha sido destinada a fines experimentales para buscar una cura para el coronavirus. ¿Pero qué pasa con estas personas entonces

?

¿Les preocupaba nuestra salud esta última década de recortes a la sanidad pública y promoción de la privatización? ¿Les preocupa nuestra salud cuando exponen a profesionales de la salud a infecciones sin equipos de protección individual adecuados y obligándoles a reincorporarse sin llevar a cabo el aislamiento necesario después de mostrar síntomas? ¿Les preocupa nuestra salud cuando condenan a las mismas personas profesionales de la salud a contratos laborales precarios?.

Dicen que estamos confinados para proteger nuestra salud, pero se permite que un gran número de la población esté confinada en condiciones que son una amenaza directa para su salud. Pisos pequeños, insalubres, sin luz natural. La salud mental se ve afectada y también las funciones corporales. Lo que el virus no arrase, ya lo rematarán el sedentarismo y los trastornos mentales derivados del Coronavirus.

No puedes ir a pasear al bosque, ni tan solo en entornos rurales, pero puedes acudir a tu estanco más cercano a comprar tabaco (factor de riesgo importante para el coronavirus). Puedes ir a comprar licor. No puedes abrazar a tu abuela, tampoco despedirla en su entierro, pero sí meterte en un metro lleno de gente para ir a trabajar en condiciones no aptas desde el punto de vista de la salud y los riesgos laborales.

También es importante recordar que para muchas personas sus casas no son un espacio seguro, sino un espacio de violencia, ya sea psicológica, física e inclusive sexual. El confinamiento no hace más que agravar la situación.

La medicina alopática occidental se corresponde a un modo muy concreto de entender la salud y a lo largo de la historia se ha aliado siempre con los poderes fácticos y ha promovido y apoyado las más tremendas violencias contra las personas. (Os recomiendo encarecidamente leer a Barbara Ehrenreich y Deirdre English en "Por tu propio bien", edita Capitan Swing en España).

Podría poner numerosos ejemplos, pero los más sobradamente conocidos son los hechos acaecidos durante la segunda guerra mundial, en la que la medicina y la ciencia colaboraron en las teorías sobre la superioridad de la raza blanca, promoviendo el genocidio. Explica Hannah Arendt cómo los médicos miraban por “curiosidad científica” a través de agujeros dentro de la cámara de gas para ver cómo los “sujetos” morían, así como experimentaban con personas.

En otros momentos la ciencia también ha promovido que las mujeres son inferiores a los hombres, la infancia a la edad adulta, ha promovido que las personas discapacitadas debían ser esterilizadas (eugenesia), ha infectado a propósito a personas negras de sífilis para experimentar con ellas, ha experimentado en esclavas durante operaciones en vivo, y así hasta la saciedad en una lista de abominaciones médicas contra la dignidad humana para la que no tendría espacio en esta página.

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        Por cierto, esto no es cosa del pasado. No en vano hace unos días hubo un gran escándalo cuando médicos franceses comentaban con normalidad cómo la vacuna del coronavirus iba a ensayarse en personas africanas. O la famosa píldora anticonceptiva hormonal que fue experimentada en mujeres pobres puertorriqueñas.

Es por este motivo que se promulgó la normativa que establece que las personas y su dignidad siempre es superior a los intereses de la ciencia y de la medicina, así como que cada persona tiene derecho a su propia forma de entender la salud y a rechazar cualquier intervención médica que considere. Precisamente para evitar abusos y para que la medicina se expanda desde el convencer a las personas y no desde la represión y la imposición a cualquiera que piense diferente.

Dice el Convenio de Oviedo (1997) que:

El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia (Artículo 2. Primacía del ser humano).

Salud no es únicamente dividir el mundo entre personas infectadas y no infectadas, salud es una vida digna de ser vivida lo cual necesariamente incluye poder ejercer nuestros derechos y poder relacionarnos con el resto de personas, tejiendo redes de afectos y de cuidados.

Yo personalmente hubiera querido que se decretara un estado de alarma de cuidados, en el que la prioridad fuera que puedas ir a abrazarte con tus seres queridos antes que volver a la oficina, donde la urgencia estuviera en ver cuándo y cómo organizarnos para que la infancia salga a la calle y cómo hacer que nadie se muera en soledad en una uci, antes que pasar el recibo de la cuota íntegra a las personas autónomas.

Considero que es un error y un riesgo para la salud y para la ciudadanía que un Comité de Expertos esté unicamente integrado por burócratas, médicos y militares. Tiene que incluir necesariamente personas expertas en filosofía, bioética, psicología, educación social, y por supuesto cuidadoras y madres.

         Como consolación, recordar que sí hay un derecho que mantenemos operativo y es el de salir a aplaudir al balcón. Pero cuidado, no ejercerlo acarrea sospechas de alta traición.

Por último recordar:

Somos personas, no focos de infección.

Somos personas, no vectores.

Somos personas, no estados serológicos.

Somos personas, no analíticas.

No a la serofobia. No al supremacismo serológico.