LA O.C.D.E. Y LAS PENSIONES EN ESPAÑA

Todos los medios de comunicación se han hecho eco hace un par de semanas de la publicación por parte de la OCDE de un informe acerca de las pensiones en los países que la integran. Es curioso que los organismos internacionales tengan una especial predilección por este asunto, revistiendo siempre sus informes de los tintes más catastrofistas. Digo que es curioso porque los funcionarios de todos estos organismos devengan espléndidas pensiones (esas sí que son generosas), sin que nadie se plantee si son o no sostenibles.

El informe de la OCDE ha tenido la virtud de abrirse camino entre la espesa masa informativa que se ocupa del problema catalán y que cortocircuita cualquier otro asunto. No tuvo la misma suerte la llamada marcha de las pensiones que, saliendo de cinco puntos diferentes: Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía (los catalanes estaban en otras ocupaciones), recorrió España y llegó a Madrid el 9 de octubre pasado para reclamar pensiones dignas y la abolición de la última reforma, que condena a los futuros jubilados a la pobreza. La marcha convocada por UGT y CCOO pasó casi desapercibida, sin pena ni gloria.

La diferencia estriba en que mientras que el informe de la OCDE incide sobre los tópicos de siempre y pone en duda la sostenibilidad de las pensiones, mensaje siempre querido por la prensa, los sindicatos clamaban que no hay ninguna fatalidad que determine que España no pueda mantener un sistema de pensiones dignas.

Ante el ruido generado por el informe de la OCDE, pienso que quizás convenga recordar ciertas verdades y desmantelar de nuevo algunas falacias:

Desde mediados de los años ochenta los servicios de estudios de las entidades financieras, fundaciones y demás instituciones interesadas han ido elaborando múltiples documentos e informes con el fin de demostrar que el sistema público de pensiones resulta inviable. En todos ellos se anunciaba que el sistema entraría en quiebra a plazo fijo. El caso es que han ido llegando sucesivamente las fechas fijadas sin que se produzca la debacle anunciada.

La argumentación de todos esos informes es casi idéntica. Parten del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarán una pirámide de población en la que la proporción entre trabajadores y pensionistas se inclinará a favor de estos últimos, en tal medida que hará insostenible el sistema. Se recurre a la tasa de dependencia citada, por ejemplo, en el reciente informe de la OCDE.

Esta forma de argumentar olvida la variable de la productividad. La cuestión no estriba en cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que, aun cuando esta proporción del número de trabajadores por pensionistas se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector primario; hoy, únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mucho mayor de pensionistas.

En los últimos cuarenta años, gracias a los incrementos de la productividad, la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Mientras que la renta por habitante de una nación se mantenga constante o se incremente, ningún colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qué ver empeorada su situación económica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad serán el de los dueños del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre sea cual sea la pirámide de población, la esperanza de vida o la tasa de natalidad.

La viabilidad del Sistema Público de Pensiones está condicionada por la tasa de dependencia solo si su financiación se liga exclusivamente a las cotizaciones sociales. Pero no tiene, ni debe por qué ser así. En un Estado social, tal como define el nuestro la vigente Constitución, son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable, pero no económica, y mucho menos política.

Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

Desde esta perspectiva, carece de todo sentido el llamado fondo de reserva creado por el Pacto de Toledo, que estipula que en las épocas en las que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo -al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones”- lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. En realidad, los incrementos o disminuciones del fondo de reserva son meros apuntes contables entre administraciones ya que, como es lógico, su importe se invierte en deuda pública. En este sentido resulta un dislate el comentario que parece haber hecho Zapatero al hilo de que el actual Gobierno haya consumido el fondo de reserva. “Si sé esto, no congelo las pensiones en 2011 y tiro del fondo de reserva”. Debería conocer que pagar las pensiones con cargo al fondo de reserva en ningún caso impide que se incremente el déficit de las Administraciones Públicas, que era lo que él parecía querer evitar.

De igual modo, no tiene sentido que el actual Gobierno pretenda enjugar el déficit de la Seguridad Social con préstamos en lugar de con transferencias a fondo perdido. Fue en 1994 cuando se introdujo este antecedente tan negativo, y se comenzaron a cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones por medio de préstamos, en vez de hacerlo con aportaciones estatales sin contrapartidas; se rompía así la norma anterior de que en los Presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que cambios como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigían una redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados.

Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. El neoliberalismo económico pretende imponer la aversión a lo público y a los impuestos.

En todos los informes de organismos o instituciones en los que se siembran dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas se plantea al mismo tiempo la necesidad de completarlas con pensiones privadas. Surge la duda acerca de si el objetivo que se persigue no será potenciar los fondos privados de pensiones. De hecho, la única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor, aunque muy lucrativas para las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. No es de extrañar que los fondos estén de capa caída por más medidas que adopte el Gobierno para incentivarlos.

Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.

La OCDE y otros organismos internacionales suelen afirmar que las pensiones en España son muy generosas. Lo fundamentan en lo que llaman tasa de reposición (pensión que se recibe como porcentaje del último salario) que, según dicen, está por encima de la de la mayoría de los países de la Organización. Pero ese porcentaje es teórico para un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora). No tiene en cuenta, por consiguiente, otros muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc., que hacen que la tasa real esté muy alejada de ese máximo y sea inferior a la de otros países. En 2016 la pensión media de los nuevos pensionistas ascendió a 1.087 euros al mes, mientras que el salario medio se situó en 2.226. No llega por tanto ni al 50%. El 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros). El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza. Como puede apreciarse, la generosidad es desbordante.

La ofensiva desatada desde mediados de los años 80 contra el sistema público de pensiones ha tenido sus frutos y, así, en distintas ocasiones se ha reformado el sistema y siempre en la misma dirección, la de empeorar las condiciones de la jubilación. Pero ha sido la reforma de 2013, aprobada por el PP, la que ha creado un panorama futuro más alarmante: la actualización anual de la prestación se desvincula del coste de la vida y se la hace depender de una fórmula alambicada y absurda que condena en el futuro a los pensionistas a ir perdiendo poder adquisitivo. España se ha convertido en el único país de toda Europa que desliga la actualización de las pensiones de la evolución de los precios y los salarios.

La recaudación fiscal se incrementa de forma automática con la inflación. ¿Por qué no incrementar, entonces, las prestaciones de los jubilados en la misma cuantía? La pretensión actual de no actualizar las pensiones con el índice del coste de la vida constituye un verdadero expolio, equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal, sino porque el tipo va a incrementarse año a año). Suponiendo que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años, del 20% a los diez años. ¿No es este el gravamen más injusto de los que están en vigor?

EL 21-D CATALÁN, UNA ENCRUCIJADA HISTÓRICA

Las elecciones del 21 de diciembre no van a ser unas elecciones de trámite sino justo todo lo contrario. El “procés” en origen fue un pulso entre la burguesía española representada por el PP y la burguesía catalana representada por CDC (hoy PDeCAT). La chulería de ambas representaciones políticas llevó a la situación actual, “yo no te doy el control sobre la financiación”, dijo Mariano Rajoy a lo que Artur Mas le contestó, “bueno, pues yo te pongo la independencia encima de la mesa”.

Tanto Rajoy como Mas representan a la misma clase de bandidos sociales pero a diferentes fracciones nacionales de ella. Tanto el uno como el otro sólo están interesados en que su clase obtenga beneficios de la clase trabajadora vía salario directo o vía prestaciones. Así, bajar el salario todo lo que puedan y no invertir en prestaciones sociales más allá de lo imprescindible forma parte de su guía espiritual.

Ahora bien, si toda fracción nacional de una burguesía cualquiera tiene como modus operandi obtener el máximo beneficio posible de la clase trabajadora en un país dado, también es ley histórica que entre fracciones de la burguesía nunca hay la más mínima solidaridad. Sólo se solidarizan en caso de enfrentar una revolución social, dese esta donde se dé.

Recuérdese que la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial, para poner los dos ejemplos más claros que nos da la Historia, vinieron por enfrentamientos entre diversas fracciones de la burguesía planetaria. Así, cada fracción quiere todo el pastel y sólo lo comparte obligada por la relación de fuerzas.

Lo que ha ocurrido en esta guerra política entre fracciones burguesas es que el “derecho a decidir” del pueblo catalán va más allá de las fronteras políticas y sociales de la burguesía catalana y española, hermanadas en bandidaje social, por lo que en su pugilato sobre el mayor o menor control de la financiación en Catalunya se ha colado el derecho del pueblo catalán a decidir qué tipo de Estado quiere.

Ni el PP ni el PDeCAT y ERC quieren un República que esté al servicios de las necesidades de la mayoría social. El PP ni tan siquiera quiere oír la palabra “República” porque eso llevaría a desmontar el Régimen del 78 que posibilitó que la burguesía española blanquease lo rapiñado en la Guerra Civil y que hoy está sosteniendo contra viento y marea con la ayuda imprescindible del PSOE y Ciudadanos.

PDeCAT y ERC quieren controlar las finanzas de Catalunya pero no conquistar una República verdaderamente democrática por la sencilla razón que su construcción llevaría aparejado derechos en prestaciones sociales que no quieren dar porque mermarían los beneficios de la clase a la que sirven.

El tira y afloja entre ambas fracciones políticas ha llevado a que la fracción más débil se vea obligada a radicalizar su mensaje para defenderse del poder del Estado español, que ya ha demostrado que no sólo ha implementado el 155 para llamar a la cordura a la fracción burguesa catalana sino que la quiere derrotar en toda la línea con cárcel y factura económica incluidas.

Y esta reacción ha traído la candidatura electoral de Junts per Catalunya que el president Carles Puigdemont, cesado por el 155, presenta como una lista nacional y no de partido. Esta lista ha revitalizado al PDeCAT que estaba prácticamente desahuciado como representante político de la burguesía catalana por la brutal caída electoral que se le pronosticaba, razón por la cual, un pequeño-burgués como Puigdemont, elegido circunstancialmente para sustituir a Mas, se ha encontrado con un rol político dirigente.

La implementación del artículo 155 también informa que la gran burguesía catalana no tiene la necesidad de la independencia de Catalunya, como bien han demostrado las fugas de las sedes sociales de grandes empresas. Hace ya muchos decenios que el Estado nacional le queda pequeño a la gran burguesía, sea en origen de la nacionalidad que sea, por lo que salirse de un marco más amplio político-económico como es la Unión Europea para quedarse en uno mucho más reducido va en contra de sus intereses materiales.

Esta es la razón por lo cual hoy PDeCAT y ERC representan en los hechos a la pequeña-burguesía catalana y no a la grande. Pero aún hay más, Junts per Catalunya ha tenido que radicalizar su lenguaje criticando inclusive a la UE por obsoleta, algo que le produce pánico a la burguesía catalana ya que tiene en ella un escudo y una lanza para combatir comercialmente contra otras fracciones de la burguesía planetaria.

Toda esta dinámica ha conducido a que las elecciones del 21-D no sea un plato de gusto para la gran burguesía catalana ni para la española ya que se puede “desestabilizar” Catalunya. Esa “desestabilización” para los intereses del Capital vendría si ERC, Junts per Catalunya y la CUP obtienen la mayoría en el Parlament. “Desestabilización” que se aceleraría si la lista nacional pequeño-burguesa de Puigdemont obtiene un apoyo que obligue a ERC a reelegir al propio Puigdemont como president de la Generalitat.

Este es el escenario en el que no desean verse inmersas las fuerzas “constitucionalistas” –españolistas- porque encarcelar a un reelegido president de la Generalitat no le saldría gratis al Régimen del 78 ya que podría desatar grandes movilizaciones sociales porque es más que previsible que el incremento de la acción represiva del Estado llevaría a activar mecanismos  de defensa sociales como los ya existentes Comités de Defensa de la República y eso incrementaría la participación directa del pueblo catalán en la lucha socio-política lo que pondría en el orden del día catalán no sólo otro régimen político sino también otro régimen social, con las implicaciones que traería en el conjunto del Estado español.

El escenario que firmaría ahora mismo toda la gran burguesía y sus partidos es que los “independentistas” no obtuvieran la mayoría en el Parlament y que quedase en las manos de los “constitucionalistas” el Govern.

Las diversas encuestas están a caballo de una u otra opción y a pesar de que ya sabemos que han dado en otras ocasiones pronósticos que no se cumplieron estas elecciones tienen una radicalidad mayor que en pasadas ocasiones lo que polariza los campos y dificulta prever el desenlace del choque político-electoral. No obstante, los medios de comunicación españoles están volcados en que los sectores apáticos del españolismo en Catalunya vayan a las urnas. Después podrán seguir en el sofá de su casa ya que de la política ya se encargarían “sus” políticos porque, como tantas veces repiten los políticos de la derecha españolista, “la política no se hace en la calle”.

El 21-D no sólo va a determinar el inmediato camino en Catalunya sino que va a influir en la lucha social y política en todo el Estado español. Una victoria del “independentismo” reactivaría la necesidad del cambio de régimen y su derrota traería el fortalecimiento del PP y Ciudadanos.

¿REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN?. NADA POR AQUÍ. NADA POR ALLÁ

En plenas emociones desatadas por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado octubre, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy crear una comisión del Congreso para reformar la Constitución y así prever y evitar otras crisis como la catalana.

De entrada parece buena noticia, pero… Siempre hay un pero. O más. Resulta que Rajoy y Pedro Sánchez han acordado señalar límites a la futura reforma constitucional en la comisión del Congreso de los Diputados. ¿Qué reforma es ésa que se recorta antes de empezar a hablar, antes incluso de constituirse esa comisión?

¿Esa comisión solo abordará reformas que afecten a la organización territorial? ¿Y hasta dónde? Lo peor es que Rajoy y Sánchez están de acuerdo en que de ningún modo la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

En cuanto a la posibilidad de referendos pactados en las comunidades autónomas (núcleo de la actual crisis política con Cataluña) no será abordada en esa comisión presuntamente reformista de la Constitución. Porque lo impedirán los votos de PP y PSOE.

¿Reforma constitucional? Sinceramente, está por ver incluso en la postura más optimista. Aunque, vistas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y algunas de la vieja y rancia guardia del PSOE, parece que todo quedará en juegos de espejos y sesiones de maquillaje. Como decía Giuseppe di Lampedusa, se cambia para que todo siga igual.

Qué poco le ha durado a Pedro Sánchez y a ‘su’ PSOE la voluntad de ser y actuar como gente de izquierdas de verdad. Aunque no dejen de adornar sus actos y mítines con la frase de que son la izquierda.

Un viejo refrán en latín macarrónico asegura que excusatio non petita, accusatio manifesta;  cuando te excusas mucho, en realidad te acusas. Cuando repites mucho algo es que no estás muy seguro de que sea.

El bipartidismo ha vuelto, aunque más complicado y retorcido que en el pasado. Ahí están Rajoy y Sánchez que ahora se entienden como ‘hombres de Estado’. A ver si alguien me define de una puñetera vez que quieren decir cuando dicen ‘hombre de Estado’.

En fin, nos toca sufrir una situación política mucho más peliaguda que hace unos meses para cambiar las cosas para bien. Algo que hemos de agradecer a la estupidez política de los dirigentes independentistas catalanes que sin la menor duda han contribuido a fortalecer el más rancio e irracional españolismo cuando parecía haber retrocedido. ¿Cómo pueden marcarse el farol de proclamar la independencia, luego envainarla, aceptar la aplicación del artículo 155 y añadir que la independencia no es la única vía para resolver los problemas de Cataluña?

Un servidor nunca ha sido nacionalista y mucho menos independentista, sobre todo si la independencia la ha de conseguir la burguesía catalana (una de las más peligrosas de Iberia, vista la historia del siglo XX). Y aún menos si esa independencia pretendía lograrse con la participación de la CUP, que se define anticapitalista, pero va de la manita del PdeCat que si algo es sin dudarlo es precisamente muy partidario del capitalismo. Una CUP que participa en las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas.

Seamos serios, participa en las elecciones porque no van a renunciar a los privilegios (incluidos los económicos) que supone lograr unos cuantos diputados. Por mucho que lo disfracen con frases rimbombantes de responsabilidad política.

Volviendo al Reino de España, ¿va a haber una reforma constitucional que merezca tal nombre? ¿Una reforma que abra un horizonte diferente en este reino que debería dejar de serlo? Harto difícil cuando la misma Constitución impone que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes”. Y el nuevo texto constitucional que se redactara también deberá ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras. Lo que, vistas las correlaciones de fuerzas y las vigentes (e injustas) leyes electorales, convierte en misión imposible reformar de verdad la Constitución de 1978. Especialmente visto el escaso entusiasmo del PSOE. No olviden que reformar significa ‘cambiar algo para innovarlo y mejorarlo’.

Lo que podemos esperar son juegos de ilusionismo: nada por aquí, nada por allá. ¡Ale hop!

DE PATRIAS Y BANDERAS

"Madre de todas las gominas y pulseritas en muñecas, de todas las coderas de cuero en jerseys de pijo, de todos los crucifijos al cuello, mientras nos roban, mean y recortan en nombre de la Patria: ¡Ruega por nosotros!"

(Lucas León Simón)

Quizá tenga España desde siempre una clara facilidad para caricaturizarse a sí misma, como nos muestran claramente algunos períodos de nuestra historia. Y dicha facilidad caricaturesca se aplica a todas las facetas: a la política, al arte, a la ciencia, etc. Ocurrió por ejemplo con el Flamenco y la imagen que se exportó del mismo y que se consumió internamente durante la terrible etapa del nacionalflamenquismo franquista: se desvirtuó el carácter originario del mismo, se llevaron al cine y al teatro estampas de un tipismo andaluz rancio y exagerado, y se cultivaron los géneros menores de este arte gitano-andaluz de gran hondura y belleza expresiva. Pues bien, el caso que nos ocupa vuelve a ser, en mi humilde criterio, un ejemplo más de caricatura de lo español, expresada en esa abundante exposición de banderas rojigualdas, que se exhiben desde los balcones y ventanas de casas y pisos por doquier, y que se pueden comprobar en cualquier ciudad de España. Esa explosión banderil ha ocurrido en cuanto el pueblo de Cataluña ha expresado su deseo de convocar un referéndum para decidir su emancipación (o no) del pueblo español.

Parece que la cosa no va por barrios, sino que es una expresión transversal de nuestra sociedad, lo cual resulta aún, si cabe, más preocupante. Pensamos que el fenómeno corresponde a otra manifestación más de la enorme alienación social que nos invade, fruto de nuestra adhesión inquebrantable al pensamiento dominante, ese que nos venden enlatado en los diarios de mayor tirada nacional, y cuyos dueños son los grandes grupos empresariales, los mismos que mientras instan a poner banderas en los balcones, ahuyentan empresas para que se vayan de los pueblos que desean ejercer la democracia participativa, y quieren decidir libremente sobre los grandes asuntos que les conciernen.

Así que la estampa es bien sencilla, y suele concordar con los típicos aficionados al fútbol que también colocan la bandera ante una victoria de España contra cualquier país extranjero, con los típicos exhibidores de banderitas en pulseras (sin llegar a las estridencias variopintas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que cada año nos regala un modelito españolista distinto para el "Día de la Fiesta Nacional"), de los que argumentan que "todos los políticos son iguales", de los que se apuntan al carro de "esto lo arreglaba yo en tres días", los que afirman que "todos los nacionalismos son iguales", "ni machismo ni feminismo", "ni izquierda ni derecha", "ni pacifismo ni guerras", y otros cuantos vacíos e insulsos eslóganes comprados en el baratillo ideológico. Y sobre todo, de los que nunca han puesto las banderas colgadas en sus balcones cuando se han destapado los casos de corrupción, o se han tomado desde el indecente Gobierno del PP (y también del PSOE) las tremendas medidas de recortes sociales, laborales, y en derechos humanos en general, que han provocado el atropello de las vidas de cientos de miles de españoles.

Unos españoles ante cuyo atropello no se ha colocado ninguna bandera en ningún balcón de éste, su país. Un gesto, el de colocar la bandera en el balcón, normalmente auspiciado por los mismos que vitorean al Rey cuando se desplaza a alguna ciudad de nuestra sempiterna España, o que son instigados por los mismos a los cuales luego se les descubren cuentas bancarias fuera del país al que corresponde esa bandera colgada en el balcón. Porque en efecto, esos mismos que cantan en las manifestaciones "por la unidad de España", entonando el ya clásico "Yo soy español, español, español", también suelen ser los mismos que vitorean "¡Que les jodan!" cuando aplican leyes que endurecen las prestaciones para los desempleados y desempleadas de nuestro país, o que entienden que hay que dar ayudas sociales "a los españoles primero".

Creo que el origen de tal alienación patriotera de pantufla y chirigota responde, básicamente, al enfoque equivocado que poseen en su imaginario colectivo (naturalmente, inculcado desde nuestros poderes públicos, comenzando por el propio sistema educativo) sobre el concepto de "patria".

 La bandera en el balcón en sí mismo no tiene por qué ser un gesto a reprochar, pero sí lo es cuando deja de ser coherente con el resto de pensamientos y actitudes de esas mismas personas que las cuelgan. La patria entendida como el "territorio", como el dominio terrestre donde llegan nuestras fronteras, es justo lo que está detrás de ese concepto. Un concepto que nos llega procedente del mismo concepto imperial que poseían los Reyes del pasado, enfrascados siempre en nuevas conquistas para su Imperio. Pero la patria no es esto. Más bien deberíamos adherirnos al concepto más auténtico y revolucionario de patria que expresara el libertador cubano José Martí: "Patria es Humanidad".

Sí, porque la patria tiene que saber al pueblo, a los vecinos, a las personas, a la comunidad. La patria son los habitantes de la nación, las personas que la habitan, las que se levantan cada mañana para trabajar, para dar lo mejor de sí mismos a su patria, para engrandecer a la tierra que los vio nacer. Patria es Humanidad significa que nos debe importar la gente, la sociedad, la comunidad, los derechos humanos en general, la vida, la realización y la felicidad de las personas. Ese es el concepto de patria por el que abogamos. Patria es democracia, es participación, es respeto a todos los colectivos, especialmente a los más desfavorecidos. Patria es luchar para conseguir un modelo social de más igualdad, de más justicia social, de más redistribución de la riqueza, de más progreso y de más libertad. Seguro que si todos entendiéramos así la patria, colgaríamos la bandera española en nuestro balcón para reivindicar otras circunstancias, o para protestar ante otras medidas.

Ahora resulta que los que están por su patria se llaman "constitucionalistas", y los que los apoyan, ponen banderas en los balcones. ¿Es que sólo ellos aman a su patria? A toda esa tropa de nacionalistas españolistas (porque lo de "constitucionalistas" es un eufemismo para suavizar y esconder su ideario) habría que decirles que somos muchos los que entendemos la patria, la nación y el pueblo de forma muy distinta a ellos.

No es que no amemos a nuestra patria, es que entendemos la patria de otra forma. No es que reneguemos de nuestra bandera, es que nos abrazamos a ella por otras causas. Es que anteponemos la democracia, la fraternidad y la cooperación entre los pueblos, antes que la unión forzada (vestigio de la cruzada de los Reyes Católicos) de los distintos pueblos de España. No es que menospreciemos a nuestro país, es que entendemos que este solar patrio que llamamos España siempre fue un crisol de pueblos y diferentes culturas, que deben seguir siendo respetadas. No es que queramos que España se rompa, es que apostamos por una federación voluntaria y plurinacional entre los diferentes pueblos del Estado. No es que estemos contra las leyes, es que entendemos que las leyes deben estar al servicio de la democracia, y no la democracia al servicio de las leyes.

Precisamente porque queremos que nuestra patria sea una buena patria para sus habitantes, estamos en contra de esos que se autodenominan "constitucionalistas", pero que se ponen de acuerdo en precarizar la vida de la gente, en arruinar la vida de las personas, mientras agrandan las cuentas de resultados de las empresas, ésas a las que una bandera española les importa un pimiento en adobo. Estamos de acuerdo con Raúl Solís cuando afirma en su artículo para el medio Paralelo36: "Los que ondean la bandera nacionalista española son los mismos que tributan en Panamá o en Suiza, que rescataron a los bancos por valor de 50.000 millones de euros para salvar España, y que mandan a la policía a dar palizas a abuelas indefensas por el bien de España".

Colguemos pues banderas en los balcones por otros motivos, para protestar por otras circunstancias y por otras medidas. Exhibamos la enseña nacional, entre otras muchas situaciones, ante los reiterados intentos de acabar con las conquistas de la lucha obrera, ante las crueles y despiadadas medidas que nos hunden en la miseria y en la exclusión social, ante la desmesurada y demencial riqueza de unos pocos frente a la mísera pobreza de muchos, ante el indecente e inhumano trato que se les da a los refugiados, ante los recortes y la privatización en los servicios públicos, ante el desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar, ante la perversión de nuestro sistema educativo, ante la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, ante el inmenso exilio juvenil por falta de expectativas, ante los escandalosos privilegios de la Iglesia Católica, ante la presencia de un Rey impuesto sin consulta ciudadana, que nos viene desde la negra noche del franquismo, ante el preocupante incremento de nuestro presupuesto de Defensa y nuestra participación en guerras irracionales (que luego causan los terribles atentados terroristas que padecemos), ante la precarización laboral, ante los nuevos trabajadores pobres, ante los incesantes desahucios que dejan en la calle a miles de familias sin hogar, ante la crudeza de los crímenes machistas, ante la galopante desigualdad social, ante el deterioro de nuestro medio ambiente (fiel reflejo de la ausencia de medidas para atajar los graves efectos del cambio climático), y ante cientos de causas más que día a día contribuyen a hacer de nuestra patria un sitio peor donde vivir.

Por cada causa injusta a nuestra patria, a nuestra gente, a nuestra ciudadanía, una bandera en un balcón. Nos van a faltar balcones. ¡Y banderas!

12 DE OCTUBRE, UNA “INOLVIDABLE EPOPEYA”

Sostienen los más ilustres historiadores que los reyes Católicos, Isabel y Fernando, son los fundadores de la nación española. Algo que se consumó en el preciso instante en el que las tropas cristianas toman Granada el 2 de enero de 1492 culminando de este modo la llamada “reconquista”. En el preciso momento en que el emir Boabdil  entregó las llaves de la ciudad al conde de Tendilla, Iñigo López de Mendoza se inicia uno de los periodos más tétricos que jamás haya vivido la humanidad.

Meses después en el campamento de Santa Fe el día 17 de abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones entre los Reyes Católicos y el aventurero Cristóbal Colón en las que se estipulaba cuáles iban a ser las normas por las que se tenía que regir este “contrato mercantil”. Colón se llevaría el 10% del botín además de ser nombrado Virrey, Almirante de la mar océana y gobernador general de las denominadas posteriormente como las “Indias”. Además sus descendientes heredarían sus bienes, sus títulos y tierras descubiertas. Ambiciones desmedidas y delirios de grandeza más propias de un lunático o de un iluminado.

Podríamos decir que el descubrimiento del Nuevo Mundo fue un artero acto de piratería muy bien planificado al que incluso el Papa de Roma Alejandro VI con su bula Inter Caetera le brindó su bendición urbi et orbi. La autoridad de Dios omnipotente y omnipresente otorgó el dominio exclusivo y perpetuo de los territorios donde se clavó el pendón castellano con la condición que los evangelizaran.

De este modo se justificó la rapiña, el expolio y las masacres cometidas contra los “gentiles” en un afán por imponer la autoridad de los nuevos amos y señores. Este decreto papal puede considerarse el detonante de la crueldad que caracterizó a todos los imperios coloniales que surgieron posteriormente. Es el génesis de la globalización que en el siglo XXI se manifiesta como la máxima expresión del imperialismo político y económico.

En ese entonces y tras finiquitar la guerra contra los musulmanes España iniciaba la aventura Imperial que la llevaría a expandirse por los cinco continentes. Las ansias de conquista material y espiritual marcarán los siguientes siglos plagados de gestas épicas y epopeyas en el nombre de Dios y su majestad el rey. Era necesario engrandecer la gloria de España para hacer frente a sus directos competidores  Inglaterra, Francia y Portugal que pretendían hacerle sombra.

Se inicia así una desquiciada carrera por conquistar tierras, naciones, riquezas, súbditos, siervos y esclavos. Como bien queda descrito en el tratado de Tordesillas donde España y Portugal -representados por Isabel y Fernando y el rey Juan II- se repartieron las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y el Nuevo Mundo. Se despojó sin ningún remordimiento de sus tierras a los nativos que fueron considerados por derecho real como menores de edad y, por lo tanto, sujetos a la tutela de los españoles en las mitas, resguardos o encomiendas.

Pero no se nos puede olvidar que uno de los motivos prioritarios de esta magna empresa del descubrimiento fue la evangelización de los herejes blasfemos. Es decir, la redención de las razas inferiores, indígenas sin alma, salvajes antropófagos que había que domar y domesticar por la gracia de Dios. ¿Civilización o barbarie? Este es el dilema que se planteaba y con la espada y la cruz supieron dar una respuesta contundente a tamaño desafío. Dios le brindó este inmenso privilegio a la estirpe española porque Dios se consideraba español.

Para sublimar la identidad hispana se precisaba imperiosamente construir una narrativa en la que intervinieran los más preclaros exponentes de las letras, las artes, la pintura, la escultura o la música. Inventar mitos y leyendas, forjar los superhéroes de una raza invicta y por siempre victoriosa. Al fin y al cabo ellos fueron los que llevaron la luz al Nuevo Mundo apartando las tinieblas del averno. Todo es válido con tal de santificar a villanos y bellacos para transformarlos en insignes paladines.

Las Indias era el mejor reclamo para despertar las ambiciones de los buscadores de fortuna, de los aventureros que ansiaban someter reinos ignotos, adueñarse de incalculables riquezas del Dorado, Cipango y Catay, ciudades de oro y ríos de esmeralda, obsesionados por obtener títulos nobiliarios, fama, poseer tierras, saquear, esclavizar indígenas o africanos, mano de obra obligada a levantar los delirios imperiales para gloria del padre eterno y nuestro señor Jesucristo.

El imperio Español con arrogancia se creía el ombligo del mundo y el centro del universo. La lengua española y la religión católica se impusieron a la fuerza como vehículo vertebrador de los territorios conquistados en los que regía el pensamiento único e indivisible. Por riguroso mandato del monarca  cualquier disidencia o rebelión se reprimía sanguinariamente y sin contemplaciones. Al verdugo no le temblaba la mano a la hora de cortar cabezas en el cadalso. En los casos más extremos se aplicó el exterminio para  que reinara la paz y el orden.

Tal es el culto que se le rinde al supuesto descubridor de América Cristóbal Colón que son cientos y cientos los monumentos que existen en su honor a lo largo y ancho del mundo. Entre los altares y santuarios más soberbios hay que destacar el erigido en Barcelona con motivo del IV centenario del descubrimiento de América en 1892. 

        

Se trata de un conjunto escultórico de proporciones ciclópeas cuyo autor es el arquitecto catalán Gaieta Buigas y Monrava. Una muestra irrefutable de que el egocentrismo y la megalomanía españolista no tienen límites. Al Almirante de la mar océana Cristóbal Colón, señor de los holocaustos, príncipe de los genocidios, se le ubica en lo alto de una columna o falo al estilo corintio de 57 metros de altura que reposa sobre un pedestal poligonal que lo custodian 8 leones de hierro en actitud vigilante. En las paredes de la base existen 8 bajorrelieves con los escudos de los reinos de España y otros 8 bajorrelieves en los que se narra la vida del almirante Cristóbal Colón – leyendas sacrosantas que están escritas a golpe de martillo y de cincel en el inconsciente colectivo hispano.

En esta vil escenografía los protagonistas son los distintos personajes que intervinieron en la gesta del descubrimiento de América a los que cuatro ángeles ciñen sobre sus sienes con coronas de laurel. En un segundo plano se representan a los indígenas como si se trataran de unos animales asustadizos y timoratos; ¿seres irracionales? desnudos o semidesnudos que se acogen sumisos al manto protector de su majestad el rey y de Dios nuestro señor.  ¿Se puede tolerar mayor ignominia y mayor  humillación? De rodillas un indígena emplumado besa la cruz salvadora que le ofrece un fraile doctrinero como símbolo de la conversión.

En otra  escena un conquistador posa su mano en la cabeza de un indígena en señal de sometimiento o de obediencia eterna a sus amos. Han sido redimidos por la gracia benefactora del imperio español y es necesario que la humanidad entera reconozca tan inigualable privilegio.

Este esplendoroso monumento de bronce, hierro y piedra caliza -con un peso de 205 toneladas- fue inaugurado el 1 de junio de 1888 por la reina regente María Cristina. Un monumento al odio, al racismo extremo, a la esclavitud y la tortura que veneran e idolatran sus más connotados devotos. Hace 525 años Isabel la Católica y Cristóbal Colón en su lecho nupcial incubaron el maligno virus del imperialismo que desde entonces  ha sembrado la muerte y la destrucción sobre la faz de la tierra.

Quizás el episodio más revelador de la historia de América ocurrió en el año 1563, en Chile.

El fortín de Arauco estaba sitiado por los indios, sin agua ni comida, pero el capitán Lorenzo Bernal se negó a rendirse. Desde la empalizada, gritó:

—¡Nosotros seremos cada vez más!

—¿Con qué mujeres? -preguntó el jefe indio.

—Con las vuestras. Nosotros les haremos hijos que serán vuestros amos.

Los invasores llamaron caníbales a los antiguos americanos, pero más caníbal era el Cerro Rico de Potosí, cuyas bocas comían carne de indios para alimentar el desarrollo capitalista de Europa. Y los llamaron idólatras, porque creían que la naturaleza es sagrada y que somos hermanos de todo lo que tiene piernas, patas, alas o raíces.

Y los llamaron salvajes. En eso, al menos, no se equivocaron. Tan brutos eran los indios que ignoraban que debían exigir visa, certificado de buena conducta y permiso de trabajo a Colón, Cabral, Cortés, Alvarado, Pizarro y los peregrinos del Mayflower"

 

ESTA GUERRA NO ES DE LOS TRABAJADORES

Lo siento. Tengo una deformación profesional. Me he formado profesionalmente en la economía e ideológicamente en el marxismo. No soy inmune a la asquerosa violencia desatada por el (des) gobierno español contra sus ciudadanos en Cataluña y confieso mi sentimiento de rabia y solidaridad por el abuso sufrido por tantos y tantas que querían ejercer su derecho a opinar, como supongo hoy comparten todos los catalanes y españoles con sentido común y humanidad. Pero si quiero sacar una conclusión no ofuscada por la emoción, tengo la mala costumbre de recurrir a mis melladas herramientas de análisis. Vamos por partes.

No he visto a ningún líder de Junts x Sí, de Omnium o de ANC, al frente de las masas populares que defendían colegios y urnas contra la brutalidad policial, con la excepción de los compañeros de las CUP. ¿Estaban preparando discursos? ¿En tertulias? ¿En los tableros de mando o de análisis? No lo sé. Solo he visto vecinos de todo género y edad y de toda condición social con una determinación gigantesca de defender su derecho a votar. No parece que los líderes hayan sido atendidos por balazos de goma o porrazos en ningún hospital. No están entre los más de ochocientos lesionados por la policía.

Me viene a la mente aquella frase de Valèry: “La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran”. ¿Será así en este caso?

Porque si fuera así, podemos estar asistiendo a una guerra entre dos partitocracias -que se conocen-, posiblemente con la connivencia de una o varias facciones de las oligarquías que representan. Pero si hay hostias, la cara la siguen poniendo quienes no se conocen.

Me dice un amigo: “Esto va de un pueblo humillado que se levanta, no entiendes, dejas de lado el lado emocional”. Lo pienso dos veces y me sale lo mismo. Sí, el móvil es emocional, es el empuje tan profundamente humano que nos conduce en tantos actos de nuestra vida. Pero el pueblo que se ha levantado tampoco es un movimiento popular autogestionado. Es un pueblo en apoyo a su govern autonómico, que ha demostrado una capacidad organizativa, logística y propagandística muy potente. Tan fuerte como para plantarle cara al estado y vencerle, así lo creo, en el campo mediático. Le pregunto a mi amigo, “¿El movimiento soberanista tendría hoy la extensión y profundidad en la sociedad catalana sin la labor de TV3, Catalunya Radio, RAC1, la sección “indepe” de La Vanguardia, las organizaciones civiles subvencionadas, la iglesia monserratina, Mediapro, el Barça, y los engrasados aparatos culturales y mediáticos que hasta hace dos telediarios eran los pilares del pensamiento hegemónico de la oligarquía catalana?” Mi amigo me responde “No, pero hay un sentimiento profundo en el pueblo, esto va más allá de clases sociales”.

Entonces, si es un movimiento no creado pero si alimentado desde una parte del stablishment  español y catalán   ¿Que busca sacar esa oligarquía catalana o española en este conflicto? No tengo una respuesta fácil.

Podría entonces concluir que hay dos oligarquías que se enfrentan entre sí. Los latifundistas de Louisiana y los industriales de Nueva York tenían visiones muy diferentes sobre cómo debía ser el “corral” de la mano de obra esclava y les costó una guerra de secesión dilucidarlo hace ciento cincuenta y tantos años. ¿Es aplicable este análisis en el conflicto entre las oligarquías catalanas y españolas? ¿Se trata de una lucha entre los antediluvianos señoritos latifundistas de la Casa de Alba –y sus representantes en Madrid– y los modernos, progresistas y afanosos industriales catalanes? Tampoco me salen las cuentas. Menos cuando todos ellos están, desde hace tiempo, sometidos al diktat del gran capital financiero y las multinacionales. El govern catalán saliva como el perro de Pavlov cuando Amazon abre un almacén en Barcelona, cuando el Prat se llena de turistas o cuando un inversor mafioso quiere reeditar Las Vegas en Tarragona. Los tiempos de la industrialización se han ido. La tercierización y la precariedad vinieron para quedarse. Y el amor a la europa de Merkel, el Banco Central Europeo y su proceso de eliminación de las soberanías nacionales es común en los discursos de los cabestros enfrentados. ¿De qué se trata entonces?

Podría ser una parte del asunto, pero tampoco me cuadra. Sí, disponer de una mayor tajada de impuestos en años flacos no es mala cosa. Refuerza posiciones de poder. Pero tampoco creo que sea como para arriesgarlo todo en un conflicto, en apariencia, de tal calado. La mayoría de los impuestos de un estado ya están asignados en las partidas del menguante estado del bienestar (sanidad, educación, consellerias varias). Un Estado conlleva nuevos gastos y burocracias que alimentar. ¿Cuanto quedaría para repartir? ¿Suficiente capital para catapultar el aparato productivo catalán a competir con las viejas o las emergentes potencias mundiales? ¿Con un mercado “nacional” significativamente menor al actual? No lo sé, lo confieso, no he hecho los números. Pero no me parece una razón suficiente.

Entonces, ¿Que nos queda? ¿Qué ha pasado en los últimos diez años que haya movido el tablero de forma tan grave para que las oligarquías reformulen su pacto del 78?.

Y entonces llegó Fidel. Digo, Pablo Iglesias. O no, mejor digo Podemos. Pero no el Podemos “nuevo-chico-del-barrio” de la partitocracia (impulso Mediapro de por medio), sino como el resultado de la explosión del 15 M y la consolidación de una variopinta serie de fuerzas de izquierdas aún no domadas por el sistema y en sintonía entre sí. Muchos son los nombres: (los) Podemos, els Comuns, Compromís, las Mareas, las CUP, todas ellas floreciendo como respuesta a la brutal crisis económica del 2008 y a los entusiastas recortes sociales que las oligarquías españolas (incluyendo la catalana) dictaron a sus aparatos políticos. Y pienso entonces, ¿qué le da más miedo a los Artur Mas o a los Rajoy de turno? Que un president de la Generalitat tenga que salir por patas, digo por helicóptero, de su Parlament  rodeado de izquierdistas cabreados debe dar algo de miedo. Pero que las dos ciudades más populosas, las dos capitales de España, las gobiernen una ex-jueza comunista y la tía que humilló a la clase política consiguiendo un millón y medio de firmas contra los deshaucios de la banca... ostras, eso sí que da miedo.

Los pilló a todos con los calzoncillos abajo y cagados. Sí, los escándalos de corrupción. Ese maná de euros que cayó en la España (y Cataluña) del ladrillo desde los bancos alemanes y que convirtió a la clase política en una especie de Midas: con solo una recalificacioncita de terrenos, un erial o una reserva natural se convertía en oro. Una sociedad empobrecida ve pasar ante sus ojos la bárbara opulencia, la amoralidad más detestable y la certeza en su impunidad de esa clase política que permite que le bajen los salarios y les recorten derechos políticos y sociales. Y eso sí que es un peligro, personas tomando conciencia de la farsa.

¡Eureka! Me digo. Esto me parece más coherente. Imagino una conversación: “Oye Mariano te voy a armar un pollo soberanista que va durar décadas“. “Coño Artur II, que buena idea. Nos convertimos en defensores de nuestras esencias nacionales y ¡ale!, ¡a ganar elecciones, hasta que pase el temporal!”. ¿Demasiado ingenuo? ¿Demasiado Simple? Decía un franciscano allá por el siglo XIII que “En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Este principio metodológico, llamado la “navaja de Ockham”, no implica que la explicación más sencilla sea la verdadera. Pero ¿Y si lo fuera? Sería una jugada genial: el procès,  definitivamente bajo la conducción tecnocrática del govern (podría haber sido de otra forma, sin duda) divide Cataluña en dos bandos. El PSC se declara unionista, se parte y se hunde en las elecciones. Sin los votos del PSC, el PSOE no puede gobernar España. Convergencia forma gobierno con ERC, la cual debe renunciar a cualquier futura alianza con los unionistas del PSC. ¡No más tripartitos¡. A la Colau la encerramos en sus contradicciones y convertimos a la CUP en su némesis. El escenario catalán es perfecto. La socialdemocracia de ERC forma un gobierno de unidad nacional con CDC (a lo Merkel-Schroeder) mientras se transita hacia un nuevo binómio partitocrático neoliberal por secula seculorum.

En España, el PSOE se convierte en el enemigo natural de Podemos, pescando en el mismo caladero los votos de la izquierda. El PP, sin un PSOE en disputa, vuelve crecer envuelto en la rojigualda (a veces con la constitucional y si es necesario con la del pollo negro y el “A por ellos, a por ellos...”). Y si hay descontentos o despistados, siempre nos quedará Ciudadanos. Y a vivir, que son dos días.

Podría parecer que un conflicto así pudiera ser contradictorio con la política de estabilidad del gran capital. Pero, seamos serios. Una Cataluña independiente en manos del nuevo binomio ERC-CDC, mas temprano que tarde, seguirá siendo parte de la UE. Y al capital multinacional le molan los Estados pequeños. Cuanto más pequeños, débiles y dependientes, mejor. Y a Alemania o a Francia se la sopla tener una Catalunya separada de España: seguirán viniendo de vacaciones a la Costa Brava, a Málaga o a Mallorca y tendrán un potencial competidor más débil del que dejaron con la “reconversión industrial” de los 80. No habrá grandes opositores a la separación de Cataluña o de cualquier otra nación de la España actual. En el mundo globalizado las multinacionales piensan de los estados lo que decía aquel título del libro de Schumacher: “lo pequeño es hermoso”.

Los fuegos a veces se encienden y después no se controlan. Y la represión desatada sobre un enorme colectivo de personas hoy agredidas por la brutalidad policial nos debería generar a todos un sentimiento profundo de solidaridad. Y de indignación. Y de crítica al pensamiento uniformizador que nos impone el poder. Posiblemente Cataluña acabará siendo una República Independiente, ganada a pulso por la determinación de esos compañeros y compañeras que el 1-O valientemente salieron a votar. Y posiblemente las clases trabajadoras catalanas sigan tan explotadas como hoy.

En estos momentos, aún con tanta rabia ante la injusticia desatada sobre esos hombres y mujeres que de forma pacífica defendían ideas en Cataluña, quiero pensar. Y pienso que debería hacernos reflexionar sobre las trampas que nos tienden los poderosos. Sobre su cada vez mayor capacidad de hegemonizar su pensamiento con altavoces mediáticos cada vez más potentes. Sobre la dificultad de las izquierdas en buscar caminos de unidad y elaborar discursos alternos. Desearía que el discurso de “los de abajo contra los de arriba” no se sustituya por “España contra Cataluña”, ambas patrias tan falsas como los politicastros que hoy dicen defenderlas.

E imagino otra conversación, hace un par de días: “Oye Mariano, esto parece que se nos va de las manos. Vamos a tener que declararnos independientes o la peña se va a cabrear mucho. Se nos jodió el plan del eterno conflicto” “Pues Artur II, no me queda más remedio que repartir unas hostias como panes” “Bueno, ya sabes aquello de que en la guerra se masacran los que no se conocen. Y tú y yo nos conocemos. ¿No?”.

Postdata: Y sí, yo también quiero votar. Quiero votar si quiero una República. Y quiero votar si con mis impuestos tengo que pagar colegios del Opus. Y quiero votar si los bancos nos deben devolver lo estafado. Y quiero votar si declaramos como principio constitucional la Soberanía Alimentaria en mi estado. Y quiero votar si acabamos con las privatizaciones de lo público, desde el agua hasta la sanidad. Y quiero votar si la Iglesia tiene derecho a inscribir propiedades públicas a su nombre. Y quiero votar si los pisos vacíos de los bancos deben ser expropiados sin indemnización para dedicarlos a viviendas sociales. Y quiero votar, y votar y votar hasta que la democracia ahogue a los que mandan aporrear ciudadanos indefensos y a los que buscan su impunidad entre las banderas.