El
presidente del PP ha realizado ante el Congreso una reinterpretación del
estallido de la Guerra española (que no civil). Según sus palabras, «la Guerra
Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y
quienes querían ley sin democracia», no reconoció que fue un alzamiento militar
contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, surgido de las urnas y en
el que sí existía ley.
También
tiene su propia visión de la historia la sección Cuarta de la Sala III, cuando
tomó la decisión de paralizar la exhumación de la momia de Franco del Valle de
los Caídos. La intromisión se observa en la página 8 del auto, en la que
describe que Franco fue «Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su
fallecimiento». En palabra de los historiadores, es dar por bueno que era el
líder legítimo antes del fin de la guerra y justo después del golpe. Franco fue
nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en
Burgos a finales de septiembre de 1936. (Ángel Viñas). «Franco nunca fue
legalmente Jefe del Estado, a no ser que se crea que cualquier cosa que
hiciesen los golpistas de 1936 fuese legítimo», dice Paul Preston.
De aquellos polvos, estos lodos; de la justicia establecida por Franco vienen estos razonamientos; porque no olvidemos que la justicia franquista era una justicia al revés. En 1939 el régimen de Franco promulgó, por decreto, la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero), con objeto de dirimir las responsabilidades durante la guerra civil y la república. Con esta ley se legitimaban las multas, los embargo de bienes, los destierros, la pérdida de la nacionalidad española; y con las restricciones de empleo, una purga generalizada del mundo laboral, profesional y funcionarial.
La
LRP tipificaba como punibles los actos y omisiones de quienes hubieran colaborado con
la República y participado en la llamada Revolución de Asturias en
1934. Esta ley estuvo vigente hasta 1969, fecha en la que prescribieron todos
los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Se mantuvieron las
inhabilitaciones y prohibiciones contra todos los líderes del exilio
republicano hasta la muerte de Franco en 1975.
La
represión contra los vencidos fue complementada por la Ley sobre la Represión
de la Masonería y del Comunismo (1 de Marzo de 1940), al considerar que el
comunismo y la masonería (y el judaísmo) eran responsables criminales de la
decadencia de España, que culminaban «con la terrible campaña atea,
materialista, antimilitarista y antiespañola». Con esta ley se
institucionalizaba la caza del comunista y del masón.
La
causa general instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en
España, fue promulgada mediante decreto en 1940 y constituyó otro
instrumento represor. Se abría un proceso de investigación, que afectaba a la
ciudadanía en general, con el objeto de instruir «los hechos delictivos
cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja». Todos mezclados:
socialistas, comunistas, anarquistas, separatistas, masones, ateos y
republicanos. La causa general recopiló información sobre todo tipo de acciones
de autoridades, fuerzas armadas y de seguridad y ciudadanos partidarios de los
gobiernos republicanos y de izquierdas desde la instauración de la Segunda
República en 1931. La sin razón del fascismo vencedor.
En
Derecho penal rige uno de los principios más elementales: el principio de
irretroactividad. Este principio busca proteger a la ciudadanía, evitando que
se les pueda sancionar a posteriori, por actos que cuando fueron realizados no
estaban prohibidos. En el régimen del dictador este principio no se aplicó,
sino todo lo contrario. En 1939 se criminalizó y castigó a cualquier individuo
que hubiera prestado su apoyo al bando republicano desde 1931, a los rebeldes
izquierdistas de 1934, y a todos aquellos que no se hubieran sumado a
su alzamiento nacional contra el marxismo. Actos y omisiones cometidos
muchos años antes a la promulgación de la vengativa norma.
El régimen franquista entendía que haber formado parte de algún sector productivo o realizado algún tipo de ocupación durante la República, era suficiente como para haber podido ser colaborador con la rebelión. Así, los soldados de reemplazo, los conductores de tranvías, funcionarios, maestros o directivos de empresas, podían ser culpables potenciales. Todo esto no era más que una de las consecuencias lógicas de un sistema de justicia penal invertida.
La
dictadura subvirtió el sentido de la acción, rescatando los delitos de
adhesión, auxilio o excitación a la rebelión militar, contra aquellos que se
mantuvieron leales al régimen democrático legalmente establecido, frente a los
golpistas que se levantaron contra la República. Todo un absurdo legal; un
castillo legal prefabricado donde la justicia se aplicaba sobre el odio y la
venganza.
La
Constitución de 1978 no expulsó expresamente estas normas del sistema jurídico.
Con la ley de Amnistía de 1977, o la llamada ley de Memoria Histórica del 2007,
se ha venido a garantizar la impunidad de los crímenes franquistas. Incluso el
Tribunal Supremo, en el caso del juez Garzón contra los crímenes del
franquismo, decretó la extinción de responsabilidad penal por muerte,
prescripción o amnistía.
Pese
a todo, los procesos que se abrieron bajo la jurisdicción franquista están
archivados, pero siguen abiertos. Los investigados, inculpados, procesados y
condenados, por tribunales especiales y leyes de excepción, no han recibido una
justa reparación. Por cierto, de rebelión acusa la fiscalía a los presos
políticos soberanistas en el juicio del procés. La justicia franquista es la
justicia revés.
Es vergonzoso que a estas alturas Casado, este nefasto personaje, revise la historia a imagen de quienes le redactan los discursos, que el asume, representando las #vergüanzasdeEspaña. Iñigo Errejón ha calificado de «extraordinariamente grave» que el líder del PP haya afirmado que la Guerra fue «un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia» y Pedro Sánchez le ha pedido que se retracte. El personaje viene a demostrar su talante y su mala intención.
Pablo
Casado, no es que olvide, sino que niega que los golpistas se levantaron contra
el pueblo español, contra la democracia española y contra la ley vigente en
España, «y un demócrata lo debería tener meridianamente claro», le ha espetado
el dirigente de Más País. La única ley legítima es la ley democrática y nunca
más puede haber en España ley sin democracia y democracia sin ley «la única ley
legítima es la de la democracia y entonces era la de la Segunda República», en
palabras de Pedro Sánchez.
Los
historiadores critican a Pablo Casado: «Ha justificado el golpe de Estado de
Franco», mostrando una falta de rigor histórica. Negar la existencia de leyes
durante la Segunda República es mentir. Aquellas leyes y su Gobierno elegido
libremente fueron asaltados por las armas de quienes quisieron acabar con esa
legitimidad. Aquello condujo a la Guerra y esto es poco discutible a estas
alturas.
Bajo la visión del arqueólogo del CSIC Alfredo González-Ruibal, la sociedad está padeciendo una ofensiva del PP radicalizado que tiene su fuerte en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. «Es el PP más ultra, el que peor representa al conservadurismo español tradicional, es el de la destrucción de las placas de la Almudena con los nombres de los fusilados por el franquismo, es el de la escultura del legionario en la Plaza de Oriente.
«Es
inaceptable», resume Javier Moreno Luzón. El historiador explica que Casado ha
restado importancia al golpe de Estado para restarle legitimidad al Gobierno de
la República. Recordando que la Guerra (que no fue civil) es una sublevación de
una parte del ejército contra la ley de un orden constitucional de un gobierno
legítimo, elegido en unas elecciones libres.
Para
Emilio Silva (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), Casado
quiere mostrar que el franquismo tenía legalidad y la República no. «Está
compitiendo en el presente con las relecturas del pasado y no le importa decir
este tipo de barbaridades». Pablo Casado justifica el franquismo. «Una vez más
estamos ante el mito del eterno retorno de la derecha que no condena la
dictadura.
España
era una democracia en 1931 y en 1936. Con el golpe de Estado, Franco traicionó
a la España demócrata, como ahora Pablo Casado lo hace partiendo de un déficit
de conciencia histórica y democrática, que afecta a las instituciones y que
identifica a la derecha española, que no asume el franquismo y niega a la República,
algo propio del discurso ultraderechista.
